El Gobierno oficializó la creación de una Unidad Especial de Investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica durante la última dictadura miliar. El organismo, según se publicó en el Boletín Oficial, tendrá entre sus funciones «recabar de organismos oficiales y no oficiales nacionales o internacionales, y de personas de existencia ideal o física, con domicilio dentro o fuera de la República Argentina, toda información que permita obtener pruebas y/o testimonios de víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica».
La medida establece la creación de un registro de víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica durante la última dictadura militar y señala que el nuevo organismo deberá «coordinar las acciones con los organismos competentes del Poder Judicial de la Nación».
Entre sus competencias la Unidad Especial «podrá solicitar, por la vía que corresponda, colaboración, documentación o informes, a instituciones o reparticiones provinciales, como así también a órganos de seguridad e inteligencia extranjeros».
También deberá «asistir a los requerimientos efectuados por las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal que formulen en las causas instruidas con ocasión de los delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica, como así también en las investigaciones conexas desprendidas de los expedientes principales».
Entre las facultades figura también la de «efectuar relevamientos que permitan evaluar el impacto de las actividades realizadas y detectar nuevas demandas», así como la de «organizar una base de datos con los antecedentes y evolución de cada caso en el que se haya tomado intervención».