La ley que prohibe el uso de celulares en las escuelas de Misiones cumplió en abril una década desde su sanción. Poco práctica, la norma lleva ya varios años de incumplimiento real, pues a ojos vista docentes y alumnos siguen usando los teléfonos móviles.
En 2007 se hizo ley la prohibición del uso de los teléfonos celulares en las escuelas primarias y secundarias de la provincia, tema que se regía a través de las normas o códigos de convivencia particulares en cada institución escolar.
La norma limita el uso en horas de clase tanto para el alumno como para el docente.
«Lo que se quiere evitar es que el teléfono esté encendido en horas de clase, porque distrae, desconcentra. De normas reguladoras hay antecedentes en otras provincias como Santa Fe, Córdoba, y países como Italia y España», argumentaban.
El proyecto de ley aprobado fue la fusión de dos propuestas de 2005 y 2006, y abarcó a todos los niveles de EGB y Polimodal, de instituciones de gestión tanto pública como privada.
El actual gobernador Hugo Passalacqua, siendo Ministro de Educación dijo a mediados de 2006 dijo que era necesario reglamentar el uso de celulares y por entonces sentenció que si no se sancionaba una ley lo limitarían con una resolución ministerial.
Lo cierto es que los tiempos cambiaron bastante y la ley es obsoleta e ineficiente, sobre todo por las tendencias actuales de uso masivo dispositivos portátiles a favor de las actividades educativas en el aula y fuera de ella.
Las prohibiciones de una década atrás era de cuando los celulares se utilizaban sólo para llamadas y eso era disruptivo en el aula.
Hoy los celulares permiten otras cosas y se le da la posibilidad a docentes y alumnos que utilicen cualquier dispositivo tecnológico, siempre que esté incluido en el proyecto educativo institucional de cada institución.
La habilitación de esas herramientas tecnológicas deben ser parte de una serie de acciones que tienen por objetivo cambiar el paradigma áulico tradicional.
Hoy tenemos una escuela del siglo XIX con docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. El desafío debería ser llevar todo al siglo XXI.
Es de suponer entonces que la Ley VI – º124 (Antes Ley 4355) tiene los días contados.
