La Presidenta anunció hoy el envío al Parlamento del digesto, que depura y ordena las más de 32.000 leyes y decretos. Durante el acto afirmó que «es una tarea que nos debíamos y marca una política de Estado». En Misiones ya se realizó un digesto por impulso del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira.
«Me siento muy orgullosa de haber firmado el proyecto de ley remitiendo el primer digesto argentino desde que somos país. Es el primer cuerpo normativo desde 1853 a la fecha, y contempla las 32.234 leyes que había. Quedaron en pie 3.134 leyes, menos del 10 por ciento», informó la Presidenta. En el Salón de Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, Cristina explicó que el trabajo de depuración y ordenamiento del sistema legal argentino fue encargado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 2005, para el que trabajaron 200 profesionales hasta 2009, y luego fue sistematizado por funcionarios del Poder Ejecutivo. «Podemos decir con mucho orgullo que es un inmenso acto de calidad y orden institucional. Es el ordenamiento jurídico del país, plasmado y remitido al Parlamento para su control», enfatizó.
Además, señaló que las más de tres mil leyes consideradas para que queden vigentes en el digesto se sistematizaron en 26 materias, de modo tal que cuando resulte aprobado en el Congreso de la Nación se podrá ingresar por materia, por ejemplo penal, y se encontrarán todas las de esa asignatura.
«Es una tarea que nos debíamos y marca una política de Estado. No es casual que nos acompañen los presidente y vicepresidente del Poder Judicial (en referencia a Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, respectivamente, presentes en el acto). Y remitiéndolo a su tratamiento al Poder Legislativo», destacó.
Cristina agradeció y felicitó a «todos los profesionales» involucrados en el proyecto y recalcó que fue «una tarea de los argentinos, que logramos un digesto del Bicentenario», se trabajó «en forma ardua, tenaz y profunda y se llegó al objetivo que parecía imposible».
En ese sentido, recordó las discusiones que acarreaba el tema durante la Convención Constituyente de 1994, y en la Cámara de Diputados y el Senado cuando la jefa del Estado era legisladora.
Además, nombró ejemplos de algunas de las leyes y decretos vigentes que estaban desactualizadas y descontextualizadas para la época, como la ley 94 de 1864 en la que se penaba a los funcionarios que azotaran gente, o el decreto que ordenaba los fusilamientos de 1956.
Acompañaron a la Presidenta el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; el ministro de Justicia, Julio Alak; y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, entre otros.