Las tapas de los diarios chilenos cubren de modo excluyente el caso de los 33 mineros atrapados en la mina San José, pero el júbilo que explotó tras saberse que estaban vivos cede rápido terreno a la preocupación por la salud y las condiciones laborales de los trabajadores de este sector, clave en la economía chilena. Análisis médicos dados a conocer en las últimas horas indicaban que los hombres atrapados bajo 700 metros de tierra presentan cuadros de desnutrición aguda y deshidratación y que la mayoría de ellos bajó alrededor de 10 kilos, por lo que será necesario más líquido que el que se les viene enviando.
Para cada uno de ellos se enviarán desde mañana 3 litros de agua, 800 calorías y 500 cc de alimentos.
El trabajo psicológico sobre las víctimas directas y sobre sus familiares, muchos de los cuales montan guardia en un campamento al lado de la mina, es intenso y toda comunicación entre ellos es supervisada por equipos de expertos, con el objetivo de que ningún mensaje impacte negativamente sobre su equilibrio emocional.
La humedad del cerrado ambiente en que se encuentran, por otra parte, aumenta el riesgo de problemas cutáneos y micosis (hongos), por lo que se contempla en envío de medicamento a través de la sonda.
En tanto, un síntoma claro del cambio de foco en las preocupaciones del ejecutivo chileno respecto al tema, fue que el titular de Minería, Laurence Golborne, fue reemplazado por el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, en la entrega de informes periódicos a la prensa en el campamento aledaño a la mina.
Paralelamente, crece el debate sobre las precarias condiciones laborales de los trabajadores de las minas y la escasa fiscalización estatal de que es objeto.
Sobre este tema, el diputado Lautaro Carmona, en conversación con Télam, dijo que lo que ocurrió en la mina -propiedad de la empresa San Esteban- es «la manifestación más extrema de lo que es el sistema neoliberal en Chile», que no armoniza las ganancias del empresario con las mínimas condiciones de seguridad de los trabajadores.
El estado debería fiscalizar que el empresario cumpliera, pero en esta región de Atacama, donde existen más de mil puntos mineros «existen dos fiscalizadores que ni siquiera cuentan con la infraestructura adecuada, como camionetas de doble tracción, para efectuar su tarea», apunta Carmona, diputado del Partido Comunista por Copiapó, la región de la tragedia.
Esta situación de los mineros es extensiva a muchas otras ramas de la actividad económica, según Carmona, como la pesca, la agricultura o la construcción, pero en el caso de la minería «recobra un relieve aun más grave» por tratarse de una actividad clave de la economía chilena, con muchos recursos.
Hoy, en tanto, el ingeniero de la estatal Corporación Nacional del Cobre, (Codelco), Andrés Sougarret, a cargo de la operación de rescate, informó que los mineros atrapados deberán retirar las toneladas de roca que caerán por el agujero por el que serán rescatados, ante el riesgo que éstas obturen el agujero, lo que demoraría aún más un rescate que, según las autoridades, podría llevar entre tres a cuatro meses.