La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado chileno por discriminar a la jueza Karen Atala al quitarle el cuidado de sus tres hijas por su condición de lesbiana, a una reparación y un «acto público de reconocimiento» del ilícito, una sanción que el Ministerio de Justicia dijo que será respetada.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado chileno por discriminar a la jueza Karen Atala al quitarle el cuidado de sus tres hijas por su condición de lesbiana, a una reparación y un «acto público de reconocimiento» del ilícito, una sanción que el Ministerio de Justicia dijo que será respetada.
El fallo, del 24 de febrero pero que recién se hizo público en la prensa local y en la página oficial de la Corte IDH, establece que el Estado chileno deberá pagar 50.000 dólares a la magistrada y sus tres hijas, y otros 12.000 por costas del proceso.
La jueza Atala interpuso una demanda en noviembre de 2004 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que la Corte Suprema chilena resolviera entregarle la tutela de sus tres hijas a su ex marido por su condición homosexual, informaron los portales del diario El Mercurio y La Tercera.
El tribunal interamericano consignó que el Estado chileno «es responsable por la violación del derecho a la vida privada» y también sostuvo que en la sentencia de la justicia de Chile «no son admisibles las consideraciones basadas en estereotipos por la orientación sexual».
Además del pago compensatorio, la Corte IDH dispuso que el Estado chileno deberá proporcionar asistencia médica y psicológica a las víctimas de la discriminación, la jueza y sus hijas, y «hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por la situación denunciada por la magistrada».
La sentencia condenatoria «es una sanción por nuestro atraso institucional y uno de los aspectos es precisamente el de la discriminación», afirmó el nuevo presidente del Senado, el socialista Camilo Escalona, según citó el diario peruano El Comercio.
«Este es un tirón de orejas a toda la nación chilena; no es sólo al Estado, porque acá tenemos que superar una cultura de discriminación», agregó.
El gobierno a su vez entregó una declaración a través del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, en la que señaló que «se respetará la resolución de la Corte IDH».
Ribera precisó a la prensa, sin embargo, que el tribunal internacional redujo considerablemente la indemnización solicitada por la jueza.
Por su parte, José Ignacio Escobar, abogado de la organización Libertades Públicas, a cargo de la defensa de Atala, aseguró que la Corte Suprema de Chile tomó la decisión de quitar la tuición de sus hijas a la jueza sin oir el relato de las hijas, lo que sí hizo la Corte IDH».