La huelga general convocada por estudiantes y docentes paralizó prácticamente el martes la actividad educativa en Chile, donde policías y manifestantes volvieron a chocar en varias de las marchas realizadas en las principales ciudades del país, con un saldo de 273 detenidos y 23 carabineros lesionados. La cantidad de detenidos y heridos fue informada esta noche por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien detalló que 72 de los aprehendidos y «la mayoría» de los carabineros heridos lo fueron en el área metropolitana de Santiago, en tanto el resto se registró en las diversas regiones.
El Colegio de Profesores afirmó que 80 por ciento de los educadores se adhirió al paro, los estudiantes repudiaron los actos de violencia y el gobierno pidió que se terminen las manifestaciones porque, sostuvo, no son controladas por sus organizadores.
«El movimiento sigue en ascenso, se suman padres, apoderados (tutores) y trabajadores; 80 por ciento de los docentes se adhirió a la huelga y en Antofagasta se declaró indefinida», dijo el titular del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, en una conferencia de prensa posterior a la marcha.
La líder de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), Camila Vallejo, rechazó «todos los actos de violencia después de la marcha pacífica y exitosa» que a su juicio se realizó en Santiago, y llamó a realizar un plebiscito para alcanzar una educación pública, gratuita y de calidad.
Criticó, en cambio, a los consensos parlamentarios de «la derecha en el gobierno y la Concertación» opositora centroizquierdista que, en su opinión, no ha permitido ningún cambio educativo de fondo tras dos décadas de democracia en Chile.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, llamó a la «reflexión» a los dirigentes estudiantiles y del profesorado para que se replanteen «si seguirán organizando marchas como la de hoy en el centro de Santiago, donde se han registrado desmanes».
El ministro agregó que ahora «corresponde sentarse a trabajar en los proyectos de ley» sobre educación.
«Ha llegado el momento de que reflexionen hasta qué punto ellos están convocando a marchas que no controlan; los liderazgos también suponen responsabilidad», dijo el ministro del Interior.
Hinzpeter enfatizó que los desmanes demuestran que hay que «adquirir conciencia de que el movimiento está empezando a ser utilizado por personas a las que les importa bastante poco la calidad de la educación».
Además de las 60.000 a 150.000 personas que marcharon en Santiago, según distintas fuentes, cerca de 40.000, de acuerdo a la prensa local, se movilizaron en las distintas regiones del país, y para esta noche estaba convocado un nuevo cacerolazo, en una protesta social que, según las encuestas, tiene 80 por ciento de apoyo entre los chilenos.
Unas 10.000 personas marcharon en Puerto Montt, otras 15.000 en Valparaíso, 8.000 en Talca, 5.000 en Valdivia y 1.500 en Iquique. En varias de estas marchas también hubo choques entre estudiantes y policías.
Según el diario oficial La Nación, el jefe de la guardia policial del Congreso en Valparaíso, comandante Hernán Silva, reconoció que un carabinero de civil debió ser protegido de los manifestantes que lo reconocieron como uno de los encapuchados que apedrearon esa sede parlamentaria.
En Santiago, sobre el paseo Bulnes, donde se produjeron disturbios y actos de violencia, testigos denunciaron que al menos tres encapuchados bajaron de un ómnibus policial.
Vallejo no sólo rechazó la violencia en la marcha de Santiago, sino que afirmó que «el gobierno está muy intransigente, está solo, ya nadie apoya sus propuestas y tiene que ceder».
Insistió en que esperaba una nueva propuesta del Ejecutivo para mañana miércoles, día en que vencerá el plazo de seis días otorgado por estudiantes y profesores, aunque el gobierno ya dijo que no habrá nuevas propuestas a esos movimientos sino al parlamento.
En este contexto, el gobierno del presidente Sebastián Piñera vio derrumbarse su apoyo ciudadano de 47 a 26 por ciento, según varias encuestas, y ya debió realizar tres cambios de gabinete en un año y medio de gestión.
Pero ese nivel de aprobación, el menor de un mandatario elegido democráticamente desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990, no es capitalizado tampoco por la opositora Concertación, cuyos partidos sólo reciben entre 17 y 20 por ciento de apoyo.