El juez Atilio León, integrante del Tribunal Oral de Eldorado quién interviene en la causa de María Ovando, y está en el Tribunal Penal Oral, explicó que «hay un pedido de excarcelación hecho el día jueves pasado, pasamos los datos al fiscal para que decida. Además agregó que de ser otorgada la excarcelación debe ser de rápida resolución.
Explicó que «se están haciendo los trámites para el debate oral y público». Agregó que el beneficio de la excarcelación debe ser, de otorgarlo, de rápida resolución. Indicó que para resolver el tema, necesita la firma de dos jueces, integrarlo con un tercer juez para que se dé».
Por su parte el juez Roberto Saldaña del Juzgado Penal N°1 de Eldorado señaló que su decisión de elevar a juicio -y por pedido del fiscal- la causa de María Ovando el año pasado, es el resultado de una cuidadosa investigación que contó con las declaraciones de vecinos y familiares que indicaron que había motivos para su detención.
Sostuvo que no hubo oposición por parte de la defensa para que vaya a juicio esta causa y que no otorgó prisión domiciliaria porque «acá en la provincia no existe para un procesado» y además «la misma defensora me pidió que no siga el procedimiento para que no retarde la elevación a juicio de la causa».
«Si ustedes supieran cómo trataba la señora Ovando a sus hijos entenderán por qué está presa» dijo Saldaña al respecto y agregó que la misma madre e incluso uno de sus hijos -que había sido detenido por robo- no hablaban bien de ella. Además indicó que los chicos estaban en muy mal estado y que habían sido asistidos varias veces por los promotores de salud.
El magistrado aseguró que en una ocasión un vecino escuchó gritos similares a los de un animal en la vivienda de la mujer y cuando interrogó a la señora, la misma María Ovando le dijo «es esta que ya me tiene cansada», refiriéndose a una de sus hijas que se encontraba en un lodazal, en muy mal estado. «Esta es una de las declaraciones de la madre. Al principio a mí me costó mucho entender lo que decía esta mujer», dijo Saldaña.
Por otro lado y respecto a la investigación del caso que realizó el periodista Jorge Lanata en su programa consideró «Lanata se equivocó desde el principio en el informe porque no es el juez el que eleva a juicio la causa sino el fiscal».
Además aseguró que la medida que dictó está muy lejos de la criminalización de la pobreza. «Esto es distinto a lo que se quiso presentar en el programa de Lanata que en realidad les servía al objetivo principal de ellos que era otro».
Acerca de la imagen que se vio de la mujer en el programa televisivo, sugirió ir a averiguar con vecinos y parientes «cómo había sido la relación familiar de esa señora con sus hijos y el resto, nosotros ya lo sabemos y creo que tendrán una idea mucho más clara, a mí me costaba mucho entender lo que estaba diciendo esa mujer, está muy lejos de la criminalización de la pobreza, da la impresion que el programa quiso a venir a demostrar que el Estado no se preocupa de la nutrición de los chicos y por otro lado el Estado los castiga».
«No hacemos más que cumplir las leyes, en este tema tengo una posición y tengo incluso confirmado por el Tribunal de Oberá que para estos casos se puede otorgar la prisión domiciliaria, no está previsto en la provincia, pero sí la tienen otras provincias y digo si las otras provincias lo tienen no existe razón para que no la tengamos nosotros y si la pueden gozar condenados con derechos, no se entiende si un procesado que no se sabe si está efectivamente culpable no la pueda gozar, y mi posición es esa y así lo he establecido en causas anteriores, antes de otorgar hay que hacer una serie de estudios para ver si se dan las condiciones», agregó el juez.
Cuando le hacen la petición de darle prisión domiciliaria el juez Saldaña indicó que no descartaba, «tendría que haberla estudiado, la misma defensora me pidió que no siga el procedimiento porque eso podría retardar la elevación de la causa a juicio, cuyo requerimiento ya estaba hecho», dijo.
Acerca de los hijos de la detenida, Saldaña dijo que es un tema de la justicia civil, «sabemos que intervino y fueron entregados a otros parientes».
El juez Saldaña admitió que escuchó a María Ovando por la la televisión, pero «no dio una versión muy clara de los hechos, entre llantos, esas declaraciones no obran en el expediente, jamás declaró, la causa ahora será elevada a juicio y va a ser pública», y pidió a «todos los medios se hagan presente en el debate para que escuchen la verdad de las cosas, eso lo bueno que tiene este proceso oral que si alguien miente, en el debate salta la verdad y las declaraciones tal cual fueron hechas».
El pedido ingresó el jueves último al Tribunal Penal de Eldorado. María Ovando está presa desde hace 20 meses tras la muerte de su hija Carolina. La defensa reclama una vez la excarcelación hasta tanto el Tribunal fije fecha para el debate oral. Organizaciones de DD HH reclaman en tanto la inmediata liberación y el sobreseimiento definitivo. Denuncian el hecho como «el más paradigmático ejemplo de criminalización de la pobreza e indigencia».
Se indicó que es la tercera vez que la defensa reclama la excarcelación. María Mayerhoefer, defensora oficial, remarcó en las dos primeras oportunidades que María no representaba ningún riesgo para la investigación judicial por lo que no correspondía la prisión preventiva, pero todas las presentaciones le fueron rechazadas.
La nueva presentación firmada por la propia María Ovando plantea al Tribunal que a «veinte meses de la detención preventiva y habiéndose acreditado domicilio y arraigo, habiéndose reunido todo el material de convicción y que no existen riesgos procesales», la prisión preventiva «es improcedente por tanto debe ser revisada».
El Tribunal Penal de Eldorado, compuesto por los doctores Lyda Inés Gallardo y Ángel Atilio León deberán resolver este nuevo pedido.
María Ovando está presa en el penal de Villa Lanús desde hace 20 meses. Acusada de abandono de persona agravada por el vínculo y por la muerte. La que se murió es su pequeña hija, Carolina Ayala, de 3 años y medio. Al momento de su detención amamantaba a Carmen, una beba de unos 3 meses, que fue separada de su madre violentando así todos los derechos del niño.
El Juez de Instrucción Nº 1 de Eldorado, Roberto Saldaña es quién ordenó el procesamiento y la prisión preventiva. El mismo que encarceló por casi 2 años a Librada Figueredo, la mujer que perdió a dos hijos en el 2002, por desnutrición.
Con la detención de María el juez Saldaña dio por terminada su actuación. No profundizó sobre las responsabilidades en la muerte de Carolina. No se preguntó sobre la asistencia que debió recibir y que el Estado dice haberle dado «medianamente». No se preguntó sobre causas, tampoco sobre las acciones que pudo haberle evitado la muerte.
En el expediente se menciona el testimonio del Dr. Julio Cesar Benítez, hoy director del Hospital de Colonia Delicia, quien visitó en varias oportunidades la casa de María. Benítez declara haber constatado el estado de abandono de los niños, con bajo peso, sucios, con granos, piojos, muchos de ellos indocumentados, por lo que ni siquiera podían acceder a los programas de asistencia estatal. Las visitas de este profesional se registraron desde el mes de diciembre del 2010. La defensa se pregunta si otro tipo de intervención hubiera podido evitar la muerte de Carolina.
Federico Rodríguez es el fiscal del Tribunal Penal que resolvió sostener la acusación de abandono de persona agravada por el vínculo. El año pasado ofreció a la defensa de María un juicio abreviado que le posibilitaría la rebaja de la pena a 15 años. «No tiene sentido un ofrecimiento de este tipo, es inaceptable, nosotros estamos pidiendo el sobreseimiento definitivo y la libertad de María y el fiscal ofrece esta pena a cambio de que ella asuma la culpabilidad en la muerte de su pequeña», destacaron en ese momento allegados a la defensa.
Rodríguez comparte el mismo criterio que el Juez de Instrucción Roberto Saldaña y no duda en sostener que María no cumplió con su rol de madre, al igual que Saldaña tampoco le interesa indagar sobre las responsabilidades de los demás adultos que estuvieron en contacto con Carolina y que pudieron evitar la muerte.
«La única responsable es la imputada y los que digan criminalización de la pobreza están totalmente errados, lo mismo fue el caso de la Librada -por Librada Figueredo-, qué es lo que quieren decir esta gente, que hay que dejar morir a los hijos, que la pobreza es una carta de impunidad para matar hijos de la manera más cruel que se pueda matar, por la pobreza», se animó a disparar el Fiscal Rodríguez y desafío a cualquier abogado a que «me venga a decir de dónde, cómo, mediante que artilugio legal se puede justificar que una madre deje morir a su hijo».
Rodríguez, quien el mismo ha sido denunciado por episodios de violencia contra las mujeres, restó importancia a la situación de extrema pobreza y de violencia familiar en la que vivían María y sus hijos y si bien remarcó que no se investigó al concubino reconoció que está al tanto de las características de Demetrio Ayala «puede ser que sea violento, algunos dicen que era jodido y si fuera así que importa, que incidencia tiene».
Estaba sola en la casa con sus hijos más chicos, recuperándose del parto de Carmen que en ese momento tenía 2 meses. Carolina comenzó a sentirse mal, se quejaba que le dolía la panza. María no tenia plata para llevarla al médico, recién después de varias horas su cuñado ofreció quedarse con la beba y le acercó 10 pesos para que María fuera hasta la ruta, con la niña en brazos, para llevarla al Hospital de Puerto Esperanza.
«Le levanté como pude, me dolía todavía mucho la cintura, pero la alce y cruzamos el puentecito que está sobre el arroyó -Aguarai Guazu-, Carolina se quejaba que le dolía mucho la panza, caminé hasta cerca de la ruta y ahí esperé a que parara alguien, nadie paró, esperé mucho tiempo ahí, hasta que escuche una respiración fuerte y después ya no se quejó más. Después de un rato sentí que estaba fría, el cuerpito ya estaba frío y duro, y me asusté mucho, me subió un calor, me desubiqué, no sabía qué hacer, tenía mucho miedo, no sabía qué hacer, no sabía cómo volver a mi casa, me perdí», cuenta María mientras el rostro se le inunda de lágrimas, las que seguirán cayendo durante gran parte de su relato.
Agrega después que bajo un árbol hizo un hoyo con sus propias manos y enterró a Carolina, después volvió a su casa sin entender lo que había pasado.
La desaparición de la niña fue denunciada por los vecinos. La policía la encontró el 17 de abril del 2011, según María ella misma los llevó hasta el árbol de «uña de gato» dónde la había enterrado. En la autopsia se dejó constancia de que no había fracturas óseas y solo se especifico que la muerte fue por una paro cardiorespiratorio.
