La Cámara Federal de Bahía Blanca anuló dos fallos de primera instancia que habían suspendido, mediante sendas medidas cautelares, la ejecución de la resolución oficial que estableció una nueva grilla en la TV paga. Los recursos ahora anulados habían sido presentados por dos cableoperadores, uno de la localidad de Coronel Dorrego y el otro de Coronel Pringles, en contra de la resolución 296/10 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece un nuevo orden en la grilla.
Según los fallos, «resulta claro que un licenciatario no posee un derecho adquirido a un orden de grilla de canales de televisión, porque el tema de radiodifusión está hondamente comprometido con el mejor o mayor criterio que la comunidad posee y reserva para sí».
La medidas suspensivas habían sido aceptadas por el titular subrogante del Juzgado Federal número 2 de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, a pedido de las empresas de cable Dorrego Televisión y Canal 2 de Televisión Circuito Cerrado de Coronel Pringles.
En el fallo referido al canal Dorrego, los camaristas Ricardo Emilio Planes y Augusto Enrique Fernández dejaron establecido que tanto el artículo 65 de la ley 26.522, de Medios Audiovisuales, como el decreto 1225/10 y la resolución AFSCA 296/10, «no aparecen como manifiestamente arbitrarios ni violatorios de los derechos constitucionales» invocados por la firma.
«Es sabido, conocido y reiterado por la Jurisprudencia que las medidas cautelares contra actos generales (ley y reglamento) son de una interpretación restrictiva, so riesgo de transformarse el Poder Judicial en virtual reemplazante de la autoridad legislativa si no se dan los estrictos principios de procedencia», consideran los camaristas en ambos fallos.
Las resolución fue dictada el 23 de julio pasado y estableció como criterio de la grilla televisiva para los canales de cable que en primer lugar deberán ubicarse el canal de generación local, seguido por los canales de noticias y de aire, y luego los canales de deportes e infantiles.
En sus recursos las empresas habían aducido que la norma menoscababa entre otros, el derecho de libertad de expresión y prensa, de propiedad y de comerciar de su representada.