El ministerio de Derechos Humanos de Misiones brinda contención a 29 víctimas misioneras de trata de personas con fines de explotación laboral, quienes fueron rescatados en una plantación de arándanos de la localidad de San Andrés de Giles. En total, las víctimas rescatadas fueron 109, entre los que hay un menor de edad. Pero son 29 los que expresaron que querían volver a Misiones, a las ciudades de Oberá, Andresito y Eldorado. Podría haber más misioneros que fueron explotados en esta plantación.
En el caso intervino el juez federal de Mercedes, Héctor Echave, quien se puso en contacto con su par de Misiones, Claudio Ramón Chávez, para coordinar el retorno de las víctimas.
El ministro de Derechos Humanos de Misiones, Edmundo Soria Vieta, se puso en contacto con su par de Buenos Aires para coordinar la asistencia social a las víctimas misioneras. Los 28 que pidieron volver a Misiones son adultos y hombres y llegarán a la provincia en horas de la mañana del domingo.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, informó que más de un centenar de personas eran sometidas a un severo régimen de explotación laboral en un establecimiento agropecuario del distrito bonaerense de San Andrés de Giles, según el resultado de un procedimiento realizado por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente de la cartera a su cargo, con intervención del juez federal de Mercedes, Rubén Echave, y efectivos de la Policía provincial.
El funcionario precisó que, según el relato de 29 de las víctimas, de un total de 109 cumplían tareas en condiciones de absoluta precariedad en el campo «Berry Argentina», perteneciente a la empresa Berry Argentina S.A.
«Estas personas estaban reducidas a la condición de esclavas, porque, según les contaron a los profesionales de nuestra Oficina de Rescate, las hacían dormir en carpas, las alimentaban muy precariamente, con lo cual pasaban hambre, y estaban privadas de su libertad, porque no les permitían salir del establecimiento por ninguna razón», sostuvo Alak.
Y agregó: «Es aberrante que empresas importantes aumenten sus ganancias sometiendo a las personas a la humillación y a la degradación más escandalosas, pero para eso está el Estado: para no tolerar estas prácticas dignas de señores feudales y castigar a sus responsables con todo el peso de la ley».
Las 29 víctimas entrevistadas relataron que levantaban la cosecha de arándanos por una remuneración de 200 pesos diarios, pero eran obligadas a llenar 16 cajas, objetivo que resultaba imposible de alcanzar pues apenas llegaban a cumplir la mitad de esa meta trabajando a destajo. Al término de cada jornada, un capataz pesaba la fruta levantada y, arbitrariamente, decidía cuánto les pagaba.
Los «trabajadores», que habían llegado en dos grupos -uno el 23 de octubre, el otro hace una semana- habían sido reclutados en Misiones para trabajar durante tres quincenas en la cosecha de arándanos, pero bajo la condición de que les descontarían el pasaje y la comida a quienes renunciaran antes de cumplir el plazo acordado.
Las personas explotadas refirieron que algunas de ellas ya habían realizado esta tarea para los mismos patrones en temporadas anteriores, pero que las condiciones habían empeorado notoriamente porque antes dormían en trailers y ahora, en carpas; que pasaban hambre y que no les permitían salir del establecimiento ni siquiera cuando alguna de ellas necesitaba atención médica.
Las victimas entrevistadas refirieron que nunca firmaron ninguna documentación ni contrato de trabajo, aunque les entregaron recibos de sueldo al liquidarles la primera quincena.
Los trabajadores debían levantar la cosecha de arándanos por una remuneración de 200 pesos diarios, pero eran obligados a llenar 17 cajas, por lo que resultaba «imposible de alcanzar, porque apenas llegaban a cumplir la mitad de esa meta trabajando a destajo. Al término de cada jornada, un capataz pesaba la fruta levantada y arbitrariamente decidía cuánto pagaba», describieron.
Los trabajadores explotados sólo recibían recibos de sueldo al liquidarles la primera quincena de trabajo pero si contar con un contrato de trabajo firmado,y tampoco tenían la posibilidad de asistencia médica, ya que estaba totalmente prohibido abandonar el lugar de trabajo en el campo «Berry Argentina».
Acompañadas y asistidas por el equipo de la Oficina de Rescate durante la declaración testimonial en sede policial, las víctimas fueron trasladadas a un refugio en la ciudad de La Plata, dependiente del Equipo de Asistencia a Víctimas del Ministerio de Justicia de Buenos Aires.
«En todos los relatos se verificaron indicadores de trata de personas, ya que hubo reclutamiento, traslado, transporte y explotación en el lugar de destino», explicó Alak, que agregó: «Ninguna de las víctimas contaba con dinero al momento de las declaraciones y todas describieron condiciones infrahumanas de trabajo y alojamiento».
El ministro Alak recordó que 4.000 víctimas de explotación sexual y laboral ya fueron rescatadas y asistidas en forma interdisciplinaria por el Estado nacional y aseguró que «el compromiso de este Gobierno es terminar con este flagelo en la Argentina».
«En un país donde el Estado permaneció ausente durante tanto tiempo -agregó el funcionario-, la llegada a la primera magistratura de Néstor Kirchner primero, y de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2007, permitió iniciar un proceso de recuperación de su rol estratégico en la lucha contra este delito aberrante y en la asistencia a sus víctimas.»
Alak precisó que desde la sanción, en el año 2008, de la Ley 26.364, que dio lugar a la creación del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, se realizaron cerca de dos mil procedimientos que permitieron rescatar unas 4.000 víctimas y detener a más de 1.200 presuntos tratantes.
Destacó, en ese sentido, que ésos son los resultados de «un trabajo sistemático que realiza el Estado nacional contra el tercer delito en importancia a escala global».
Subrayó, además, que «esa lucha se convirtió en una política de primer orden en el país gracias a la firme decisión de nuestra Presidenta, y ahora está tomando alcance regional en el marco de un proceso de integración cada vez más vigoroso con los gobiernos hermanos de Suramérica».
Alak calificó a la trata de personas como «un crimen mafioso y aberrante, que degrada a sus víctimas de manera inaceptable en un país que abolió la esclavitud hace ya dos siglos».