La justicia condenó a Alfredo Astiz, Jorge «Tigre» Acosta y otros diez represores a prisión perpetua en el marco de la causa ESMA, luego de un juicio que duró 22 meses. Además de Astiz y Acosta, recibieron la condena a prisión perpetua Antonio Pernías, Oscar Antonio Montes, Raúl Scheller, Jorge Radice, Alberto González, Néstor Savio, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda, Julio César Coronel y Ernesto Weber. En tanto, Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea recibieron una pena de 25 años de prisión mientras que Carlos Octavio Capdevila fue condenado a 20 años y Juan Antonio Azic, a 18 años.
Por otra parte, el tribunal resolvió absolver a Pablo García Velazco y Juan Carlos Rolón, pero seguirán en prisión por otras causas de crímenes de lesa humanidad.
Los acusados en este juicio, que duró 22 meses, fueron juzgados por los crímenes cometidos en la ESMA durante la dictadura militar.
Alfredo Astiz, el ex marino condenado este miércoles a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, fue el primer integrante de las patotas de la ex ESMA de quien se conocieron datos en forma pública acerca de su perfil de feroz represor, al punto de convertirse en un emblema del terrorismo de Estado en la Argentina, durante la última dictadura militar.
Acusado -entre otros delitos- del asesinato de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y de la ciudadana sueca Dagmar Hagelin, Astiz fue quien se infiltró en el grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo para organizar el secuestro de Azucena Villaflor, una de las primeras referentes de las Madres.
Su infiltración entre el grupo de Madres posibilitó los secuestros de la iglesia de la Santa Cruz en diciembre de 1977, en el barrio porteño de San Cristóbal, lo que derivaría en sus motes de «ángel de la muerte» o «ángel rubio», cuando ya había trascendido que su nombre falso era Gustavo Niño, y decía que su hermano estaba desaparecido.
Hasta hoy, Astiz nunca había sido condenado en el país porque fue beneficiado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dictadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-89), que eximieron de responsabilidad penal a los militares de menor rango.
En 2003, el Congreso anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y las causas contra Astiz se reabrieron, por lo que le fue aplicada la prisión preventiva.
El represor volvió a ser noticia en 2004, cuando le detectaron un cáncer de páncreas y debieron operarlo casi en secreto en el Hospital Naval.
Mucho antes, a fines de los ´90, y cuando Astiz estaba convencido de que la impunidad lo protegía, en diversas entrevistas periodísticas se definió como «un oficial que obedecía órdenes sin cuestionarlas ni cuestionarse».
Sin que nunca se haya podido comprobar, dijo también que había estado infiltrado en territorio chileno durante los días del conflicto por el Canal de Beagle, pero sí pudo comprobarse en cambio que se rindió a las tropas inglesas en las Islas Georgias, durante la guerra de Malvinas, sin haber disparado un solo tiro.
Astiz se caracterizó a sí mismo, en una de esas entrevistas, como el hombre «mejor capacitado para matar a un político o a un periodista», y el escándalo concluyó con su expulsión de la Armada y la pérdida de su rango militar.
En 2001, el gobierno de Italia pidió su extradición para juzgarlo por la desaparición de ciudadanos de ese país, y cuando una jueza federal ordenó a Interpol que lo buscara para arrestarlo, el ex marino se presentó detenido.
El 10 de septiembre de 2003, el gobierno argentino recibió formalmente el tercer pedido de extradición de Astiz, cursado por Francia, por la condena que le fue impuesta en ausencia en ese país por la desaparición de Domon y Duquet.
Ya en 1990, Astiz había sido condenado en rebeldía por el Tribunal de lo Penal de París a la pena de reclusión criminal a perpetuidad por el asesinato de las dos religiosas francesas: desde entonces no pudo salir de Argentina debido a la demanda de arresto por parte de Francia.
Sobre Astiz pesa además una querella judicial en Suecia presentada por Ragnar Hagelin, el padre de Dagmar Hagelin, la joven sueca cuya desaparición también se le atribuye.
En su larga lista de acusaciones, está incluido también un sumario abierto por la Audiencia Territorial de Nuremberg (Alemania) sobre la ejecución o desaparición de ciudadanos de origen alemán a manos de militares y policías argentinos durante la dictadura.
El círculo sobre Astiz se cerró hoy en la Argentina, donde un tribunal federal dictaminó la cárcel como el lugar donde el ex marino pasará los próximos años.