Un DNU que esquiva el Congreso
El Presidente eligió modificar integralmente la Ley de Inteligencia mediante un DNU de 19 páginas, sin debate parlamentario y regulando incluso aspectos sensibles del derecho penal. Organizaciones como el CELS ya cuestionaron la constitucionalidad de esta vía, señalando que no hay una urgencia real que justifique eludir al Congreso y que el decreto desborda las facultades presidenciales. En un país con la memoria todavía abierta del terrorismo de Estado, legislar por decreto sobre inteligencia y represión es mucho más que un detalle procedimental.

La SIDE como superestructura opaca
El decreto consolida a la SIDE como órgano rector de todo el Sistema de Inteligencia Nacional, con capacidad de conducir, coordinar y acceder a información de prácticamente todo el Estado. A ello se suma la creación de una “Comunidad de Inteligencia” y una “Comunidad Informativa” que institucionalizan el flujo de datos desde organismos civiles, económicos, sanitarios y tecnológicos hacia la órbita de la inteligencia. Este entramado configura una red de vigilancia potencialmente masiva, en la que la ciudadanía pasa a ser un objeto de sospecha permanente.

La cláusula Gestapo: aprehender personas
Uno de los núcleos más preocupantes del DNU es el artículo que habilita a agentes de inteligencia a “aprehender personas” en el marco de actividades de inteligencia, pedidos judiciales y situaciones de flagrancia, con aviso posterior a las fuerzas de seguridad. La inteligencia, que en un sistema democrático debería producir análisis estratégico, pasa así a tener funciones operativas típicas de una policía secreta, con un margen de discrecionalidad muy amplio. El paralelo con la Gestapo no es sólo una provocación retórica: también allí la frontera entre “seguridad del Estado” y persecución política se borró bajo el manto de la legalidad y la excepción permanente.

El blindaje del secreto y la amenaza a la disidencia
El DNU declara que todas las actividades de inteligencia revisten “carácter encubierto”, reforzando el secreto como regla y haciendo más difícil el control judicial, parlamentario y social. Al mismo tiempo, se amplían las posibilidades de recolectar datos privados e interceptar comunicaciones, reabriendo la puerta a prácticas de espionaje político y social que se habían intentado limitar desde 2015. Organismos de derechos humanos alertan sobre el riesgo de vigilancia masiva que afecte a periodistas, opositores, movimientos sociales y defensores de derechos, reinstalando un clima de temor incompatible con una democracia robusta.

¿Gestapo de Milei o Estado de derecho?
La pregunta incómoda es si este rediseño configura la Gestapo de Milei o un “avance técnico” en clave de seguridad nacional, como sostiene el Gobierno. Cuando la inteligencia puede detener personas, operar en secreto, organizar una red de datos sobre toda la población y fue reformada por decreto sin deliberación democrática, la balanza se inclina claramente hacia un modelo de Estado policíaco. En un país que hizo de Memoria, Verdad y Justicia una política de Estado, concentrar semejante poder en una SIDE empoderada y oscura no es sólo un retroceso institucional: es un llamado de atención sobre los límites que una sociedad está dispuesta a tolerar antes de normalizar su propia Gestapo.