El ranking se construye a partir de tres subíndices: Adecuación (la capacidad de proveer ingresos apropiados), Integridad (transparencia y reglas) y Sostenibilidad (viabilidad a largo plazo). En este último punto, el sistema argentino obtuvo apenas 31,3 puntos (Categoría E), lo que implica que su viabilidad está «en jaque», según la directora de Mercer para Argentina, Uruguay y Paraguay, Dolores Liendo.

Desequilibrio estructural y reformas necesarias

La debilidad en Sostenibilidad se debe a datos estructurales críticos:

El sistema cuenta con solo un aportante por cada 1,7 jubilados, muy lejos de la relación considerada aceptable de tres a uno.

El gasto previsional insume el 46% del Presupuesto nacional, superando el umbral de aceptabilidad del 30%.

Solo tres de cada diez jubilados aportaron los 30 años requeridos, mientras que el resto ingresó mediante moratorias, un factor que desequilibró financieramente el esquema.

Pese a este panorama, el país recibió una calificación levemente mejor en Adecuación (60,8 puntos), gracias a factores como una leve recuperación en el salario promedio. Sin embargo, para avanzar hacia un sistema sólido, el informe sugiere reformas esenciales como aumentar la formalización laboral, mejorar la transparencia y, en el largo plazo, una transición gradual que podría incluir aumentar la edad de retiro, dado que la expectativa de vida se acerca a los 80 años.

La complejidad técnica y política de esta reforma es alta y será un tema central para el gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei, quien se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a presentar un proyecto de ley previsional hacia finales de 2026.