El retorno de la «policía secreta»
El punto más polémico del decreto es la autorización para que agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) puedan aprehender personas, una facultad que hasta ahora estaba estrictamente reservada a las fuerzas policiales bajo orden judicial y expresamente prohibida por la normativa vigente. Los diputados de la Coalición Cívica y Provincias Unidas sostienen que esta disposición vulnera el artículo 99 inciso 3 de la Constitución, que prohíbe al Ejecutivo legislar en materia penal, y el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al habilitar detenciones por parte de agentes que operan bajo secreto y sin identificación pública, la oposición advierte sobre el riesgo de crear una «policía secreta» sin control civil ni judicial transparente.
El fin de un consenso democrático de 20 años
La prohibición de que los servicios de inteligencia cumplan funciones policiales o de investigación criminal directa no es arbitraria; fue un consenso fundamental alcanzado tras la reforma de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 en 2001 y profundizado en 2015. Históricamente, la promiscuidad entre espías y jueces permitió el armado de causas, persecuciones políticas y el uso de la estructura estatal para fines personales o partidarios. La actual gestión de Milei rompe con este límite ético y legal que buscaba separar la recolección de información estratégica de la ejecución de la fuerza pública, devolviendo a los agentes facultades que fueron centrales en los esquemas de represión y control ilegal del pasado.
Elusión del control parlamentario y conflicto judicial
Los legisladores recalcan en su presentación que el dictado del DNU constituye un intento deliberado de eludir la deliberación democrática en una temática que redefine las libertades individuales. Ferraro y sus pares afirman que eludir este procedimiento debilita la legitimidad democrática de la norma, sumándose a la opacidad en el manejo de fondos reservados que ha caracterizado la reestructuración de la SIDE bajo el modelo libertario. Mientras el Gobierno justifica la medida bajo razones de seguridad nacional, la Justicia deberá decidir si este decreto es un avance necesario o un quiebre inconstitucional del sistema de pesos y contrapesos que rige desde el retorno de la democracia.
