Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción, lanzó una advertencia desesperada al confirmar una caída del 25% en la actividad, producto del freno total de la obra pública nacional y un mercado privado que no logra reaccionar. El ajuste fiscal extremo, lejos de ser una planilla de cálculo, se ha transformado en un drama social que vacía los obradores desde Misiones hasta la Patagonia, dejando a miles de familias en el desamparo absoluto.

La ausencia casi total de inversión pública por parte del Gobierno nacional ha generado un vacío que ni siquiera el dinamismo de algunas provincias centrales logra compensar. Mientras el presidente ultraderechista Javier Milei sostiene que el mercado debe regular la infraestructura, la realidad muestra que los créditos hipotecarios actuales carecen del volumen necesario para traccionar al sector. Esta parálisis no solo afecta a los albañiles y técnicos, sino que arrastra a toda una cadena de proveedores de insumos básicos como el cemento, el hierro y el ladrillo, que hoy ven sus depósitos acumulando stock sin salida ante la falta de demanda.

A este escenario de asfixia interna se le suma ahora la amenaza de una apertura económica irrestricta que pone a la industria local a competir, en condiciones de total desigualdad, contra potencias subsidiadas como China. Weiss fue tajante al señalar que la obsesión oficial por los precios bajos para el consumidor ignora la destrucción de la capacidad productiva nacional. «Si la idea es que los argentinos compren lo más barato posible, está bárbaro, pero tenemos que pensar también en el empleo», sentenció el dirigente, marcando la contradicción fundamental de un modelo que prioriza la góndola por sobre la fábrica y el andamio.

La tensión entre el Gobierno y los grandes grupos industriales, como Techint o Aluar, añade un componente de incertidumbre política a una situación ya crítica. El ataque mediático desde la Casa Rosada hacia las empresas que reclaman condiciones de competitividad básica ha generado un clima de hostilidad que frena cualquier intención de inversión a largo plazo. Para la Cámara de la Construcción, la defensa de las compañías eficientes es imperativa, advirtiendo que un proceso de apertura sin matices ni protección terminará por liquidar el poco empleo registrado que aún sobrevive al vendaval libertario.

El balance de este primer tramo de gestión es desolador: el Estado ha logrado el equilibrio fiscal a costa de perder el 30% de la mano de obra en uno de los sectores más dinámicos del país. La construcción no es solo edificios; es la puerta de entrada al empleo formal para miles de trabajadores que hoy se encuentran en la calle debido a una visión económica que ignora el impacto territorial y social de sus medidas. Sin un cambio de rumbo que contemple la inversión en infraestructura y la protección de la industria nacional, el sector corre el riesgo de una desarticulación de la que tardará décadas en recuperarse.