En Misiones, los dirigentes gremiales docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez fueron condenados tras rechazar una probation para evitar el juicio, acusados de «desobediencia judicial» y «entorpecimiento del tránsito» durante protestas por salarios en 2024. Este fallo, el primero de este tipo en la provincia, criminaliza la protesta social y crea un precedente peligroso para futuras manifestaciones opositoras.

La fiscalía, en su acusación, solicitó penas de prisión en suspenso y multas económicas para ambos por considerar que sus acciones afectaron el orden público y el libre tránsito. Postuló que la protesta, aunque entendía el reclamo salarial, excedió los límites legales al mantener cortes de calles prolongados sin permiso judicial, obstaculizando el funcionamiento normal de la ciudad. Para Mónica Gurina pidió una pena mayor dada su participación activa en las organizativas y ejecución de las medidas de fuerza.

Los condenados, con trayectoria sindical reconocida, defendieron la protesta como una herramienta legítima y colectiva para enfrentar el ajuste económico nacional, enfatizando la naturaleza democrática de sus asambleas y la no violencia de las acciones. Leandro Sánchez advirtió que la condena marcaría un precedente para criminalizar futuras protestas, mientras que Gurina lamentó estar penalizada por luchar por derechos esenciales.

Raro, en democracia

Los condenados, ambos con amplio compromiso sindical, defendieron en juicio la naturaleza colectiva y pacífica de sus acciones. Leandro Sánchez, visiblemente emocionado, afirmó: «Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”. Mónica Gurina expresó: «Es extraño estar acá y no en el aula con tizas en la mano», destacando que esta lucha nace de las condiciones económicas del país y la provincia. Ambos sostienen que las protestas fueron votadas en asambleas abiertas, no decisiones individuales, y subrayaron que el ajuste económico del gobierno nacional fue el verdadero causante del conflicto.

Los abogados defensores rechazaron la acusación señalando que el derecho a la protesta está amparado constitucionalmente, y que la judicialización responde a una estrategia política para amedrentar al movimiento obrero. Subrayaron que las penas solicitadas por la fiscalía son desproporcionadas y que apelarán la sentencia para evitar la estigmatización y criminalización sindical.

La CGT Misiones permanece inéditamente silente en este conflicto, dejando aislados a los docentes ante una justicia que busca contener la protesta social mediante el castigo penal. Los condenados preparan apelaciones que podrían sentar un precedente judicial crucial para el futuro del derecho a manifestarse en la provincia y en Argentina.

Este caso grave debe movilizar la solidaridad sindical y social frente al uso coercitivo del sistema judicial para controlar el descontento popular en tiempos de crisis.

Condenas y más protestas
La Jueza Marcela Leiva condenó a los docentes y dirigentes de la CTA Autónoma de Misiones Mónica Gurina y Leandro Sánchez, en las acusaciones que se le formularon por su participación en el Acampe Docente sobre la Avenida Uruguay de Posadas en 2024.
Tras casi dos horas de espera luego de la conclusión de los alegatos, el Secretario a cargo leyó la sentencia condenatoria. Mónica Gurina recibió 10 meses de prisión en suspenso y Leandro Sánchez 8 meses en la misma condición. Además, se les impuso la realización de tareas comunitarias.
El fallo generó un inmediato repudio entre las organizaciones que acompañaron a ambos acusados, y en concordancia los sindicatos docentes no oficialistas de Misiones convocaron a un paro de 24 horas con asambleas zonales para este jueves 27/11.
Además, llaman a movilizar al Palacio de Justicia de Posadas el próximo lunes 1/12, cuando se darán a conocer los fundamentos del fallo.