Esta semana se conoció la decisión de intervenir la Comisaría Tercera de Posadas, ubicada en el populoso barrio de Villa Urquiza, en Posadas, la capital de Misiones. La decisión de la Jefatura de Policía fue a raíz de hechos delictivos verificados y protagonizados por integrantes de la Comisaría Tercera, unidad policial de más de siete décadas.
Los hechos que trascendieron –no existen dudas que hay otros- incluyen la fuga de un preso, la realización de compras diversas con la tarjeta de crédito de un policía federal que estuvo detenido en el lugar, el supuesto robo de partes de un automotor estacionado en la comisaría y la desobediencia a una orden judicial para liberar a un joven.
La comisaria Inspector Raquel Domínguez y la subcomisaria Vanesa Núñez fueron designadas al frente de la intervención de la Comisaría Tercera de Posadas con la misión de abordar denuncias de robos en la seccional y restablecer la confianza en un plazo de 30 días.La conducción de la fuerza ha designado nuevas autoridades para la Comisaría 3° de Posadas, tras la separación del titular de la seccional por graves denuncias de robos.
En dos días le liquidaron el límite de la tarjeta de crédito
Un suboficial de la Policía Federal, con prestaciones en Posadas, fue detenido por orden judicial a raíz de una denuncia por violencia de género. Un par de semanas después de haber pasado cuatro días en una celda de la Seccional Tercera de Posadas, el hombre quiso realizar una transacción con su tarjeta de crédito y el sistema rechazó el pago por haber superado el límite. Sorprendido, hizo las consultas del caso y comprobó que fue estafado mientras estaba preso.
Durante ese tiempo solamente sus colegas provinciales de la Tercera pudieron haber tenido acceso a los plásticos de pago. Con ese dato cierto el damnificado radicó denuncia ante la Fiscalía de Instrucción 6. La causa fue remitida al Juzgado de Instrucción 3, que ya ha iniciado una investigación en colaboración con la Jefatura de la Policía de Misiones.
Se llevó a cabo una requisa en la comisaría Tercera para recabar pruebas y documentos relacionados con la custodia de las pertenencias del detenido durante su estancia.
El damnificado estuvo privado de la libertad entre el 8 y el 11 de septiembre; el día 10 se registraron los mayores gastos con siete cargas de combustible en varias estaciones de servicio, con un consumo de $ 697 mil por ese rubro. Pero también hicieron otras compritas por más de $ 300 mil.
La investigación también incluye la recopilación de informes de las estaciones de servicio donde se realizaron las transacciones y la revisión de las cámaras de seguridad en dichos establecimientos, buscando identificar a las personas responsables de realizar los pagos con la tarjeta del suboficial preso.
Aún no se ha podido constatar si el combustible fue para las patrullas o los autos particulares de los poliladrones.
Candado de oferta
Durante la madrugada del 23 de septiembre, Lucio Blanco (30), un detenido por robo calificado logró abrir el candado del sector de celdas de la Comisaría 3ª y escapó.
Cuatro días después fue recapturado en zona de frontera paraguaya (Ciudad del Este) por la Armada de Paraguay, en un operativo conjunto con los agentes de Seguridad Frontera de la Policía de Misiones.
Un hábil interrogatorio permitió conocer algunos detalles del escape y, como todo parecía indicar, solo fue posible mediante ayuda interna.
A raíz del hecho la Jefatura de Policía reunió varias pruebas y tomó la decisión de pasar a disponibilidad a un sargento de la comisaría en cuestión, tras ordenar la intervención de la Seccional Tercera de Posadas y avanzar en la investigación interna relacionada con la fuga.
Acto seguido, a la noche del viernes 11, arrestaron al suboficial por su presunta facilitación en la evasión.
El operativo fue encabezado por la interventora de la Comisaría Tercera, quien presentó al juez en turno nuevos elementos probatorios en la causa de fuga.
El magistrado ordenó el arresto del efectivo, quien habría vendido la llave del candado de la celda al detenido para facilitar su escape.
Estacionamiento inseguro
El menos grave de los casos irregulares hasta ahora conocidos, involucra a un profesional de sanidad, que aparcaba su vehículo particular en el área reservada para los móviles oficiales, dentro del predio policía de la Tercera.
El damnificado denunció que le robaron faros antiniebla durante una jornada en la que el auto quedó, supuestamente, en lugar seguro y que los sospechosos podrían ser los mismos policías.
Respecto de esta cuestión se ha generado una doble controversia.
Por un lado, ese vehículo particular nunca debió haber quedado estacionado en un espacio reservado para los móviles policiales; por otro, hay firmes sospechas que se ha denunciado un hecho que no ocurrió o que, si sucedió (el robo), no habría sido en el interior de la cochera.
Una caja de pandora: privación ilegítima de la libertad
El desplazamiento de las autoridades de la Seccional Tercera de Posadas sacó a la luz un estado caótico, plagado de irregularidades. Una nueva -y podría haber más-: un detenido que debía ser liberado por orden judicial desde el mes de agosto seguía encarcelado, lo que constituye un hecho gravísimo.
Desde la Jefatura de Policía confirmaron la detención de un efectivo por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad, en razón de haber omitido un oficio judicial en el que se ordenó la liberación de un preso, medida que debió haberse efectivizado en agosto el hombre todavía seguía privado de la libertad.
Es necesario especificar que la cúpula completa de la comisaría ha sido desplazada. Hay una investigación en marcha, a cargo de las oficiales Raquel Domínguez y Vanesa Núñez, en tanto la gestión de la seccional estará a cargo del comisario Diego Camargo y el subcomisario Juan Carlos Acosta.
A poco de asumir la intervención, la comisaria Domínguez realizó un relevamiento del área de sumarios judiciales y del estado de las causas de los detenidos allí alojados.
La sorpresa fue mayúscula cuando encontró en una celda a un detenido de 26 años que debía estar en libertad desde el mes de agosto, conforme a lo dispuesto por el Juez de Instrucción 2, Juan Manuel Monte.
Se pudo establecer que la persona encargada de notificar la medida judicial (es decir, el oficial detenido) no habría informado a sus superiores ni asentado el oficio que disponía la libertad del detenido, motivo por el cual el magistrado interviniente ordenó que se proceda a la notificación, libertad inmediata y recepción de denuncia del damnificado, dando paso a nuevas medidas.
La anormalidad requiere una investigación más exhaustiva, ya que resulta insólito que el abogado defensor del ahora liberado no interpuso ningún recurso ante el incumplimiento de la orden judicial. También enciende una luz de alarma: ningún funcionario judicial verifica el cumplimiento efectivo de la orden. Un tema que merece profunda revisión.