Ante un consumo que no repunta y costos fijos que se tornan impagables, cada vez más empresas están iniciando trámites de procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Capital Humano. Esta herramienta legal, que busca evitar la quiebra directa, abre la puerta a medidas drásticas como reducciones salariales de hasta el 50%, suspensiones sin goce de sueldo y la postergación de cargas patronales, dejando a cientos de familias misioneras en una situación de extrema fragilidad.
El panorama en las grandes superficies de venta es desolador y refleja el parate total de la actividad económica regional. Referentes del Centro Empleados de Comercio de Posadas advierten que establecimientos emblemáticos como Maxiconsumo, Yaguar y Makro no logran alcanzar los objetivos mínimos de venta ni siquiera para cubrir sus costos operativos básicos. En el hipermercado Libertad, los trabajadores reportan «movimientos raros» que alimentan el temor: góndolas vacías, unificación de sectores y traslados de personal entre áreas disímiles, señales claras de un achicamiento estructural que suele preceder a nuevos despidos.
Esta recesión histórica, profundizada por las políticas de ajuste del presidente ultraderechista Javier Milei, ya se ha cobrado el 30% de los puestos de trabajo registrados en el sector comercial capitalino y el cierre de una proporción idéntica de locales. Lo que antes era una baja estacional previsible durante los meses de enero y febrero, se ha transformado en una caída libre del consumo que desorienta incluso a las gerencias más experimentadas. La masa salarial y las tarifas de servicios públicos, que no dejan de subir, completan un combo explosivo que pone en duda la continuidad de firmas que emplean a más de 400 personas en conjunto.
A la angustia por la estabilidad laboral se suma la preocupación por la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional en el Senado. Los trabajadores perciben que, lejos de «modernizar» el empleo, las nuevas normativas facilitarán los despidos y modificarán las indemnizaciones en perjuicio de quienes tienen mayor antigüedad. La realidad actual es tan asfixiante que muchos empleados de comercio deben recurrir al pluriempleo, combinando su jornada formal con trabajos en plataformas de delivery para poder cubrir la canasta básica, una muestra clara de la degradación del ingreso real en este esquema económico.
El sindicato se mantiene en alerta ante la posibilidad de que el conflicto se traslade a las calles, mientras evalúa acompañar medidas de fuerza nacionales o la judicialización de las reformas por inconstitucionales. En Posadas, el comercio no es solo una actividad económica, sino el principal motor de empleo privado; su hundimiento bajo el peso de la política libertaria amenaza con desarticular el tejido social de la ciudad. La supervivencia de estos comercios tradicionales pende de un hilo, atrapada entre la falta de poder adquisitivo de los clientes y un Estado nacional que apuesta al enfriamiento total de la economía.