El juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, declaró este lunes 29/12 la nulidad del llamado “protocolo antipiquetes” que puso en práctica la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich hace dos años para contener las movilizaciones sociales y cortes de calle.. Esta medida, conocida como «protocolo antipiquetes», buscaba agilizar el desalojo de cortes de ruta mediante el uso de agentes no identificados y la autorización de disparos no letales.

Para declarar la nulidad del marco de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales establecido mediante la resolución 943/2023, el magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que consideró que el protocolo antipiquetes pone en jaque el derecho a la protesta social.

En el fallo, Cormick sostuvo, en línea con el organismo civil y de Derechos Humanos, que la administración pública gubernamental no tiene la facultad de dictar normas que lesionen derechos constitucionales básicos y fundamentales como la libertad de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión.

El protocolo antipiquetes habilitaba a las fuerzas de seguridad a actuar de manera inmediata ante un corte de calle o cualquier vía de circulación vehicular, con luz verde para reprimir, bajo la premisa de que se trata de delitos cometidos en flagrancia.

El juez, en la fundamentación de su fallo, consideró que la protesta social de ningún modo puede ser interpretado como equivalente a un delito penal que justifique el accionar represivo policial expreso sin la debida autorización de un juez, según pudo apreciar la Agencia Noticias Argentinas.

El juez también cuestionó las “tareas de inteligencia” que el protocolo antipiquete habilitaba para obtener información sobre la identidad de los manifestantes, a través de registros fílmicos y fotográficos.

Según Cormick, estas tareas (muchas veces realizadas por agentes encubiertos vestidos de civil) vulneran la Ley de Inteligencia Nacional, norma que prohíbe expresamente al Estado almacenar información sobre los ciudadanos por razones ideológicas, político-partidarias o su filiación a cualquier tipo de organización.

El magistrado cuestionó que el protocolo antipiquetes no establece distinciones en cuenta a la acción represiva sobre manifestantes, sin tener en cuenta la condición de grupos vulnerables (niños, adolescentes, adultos mayores, discapacitados), que requieren una protección especial.

Por todo esto, el juez exhortó al Ministerio de Seguridad a abstenerse en la implementación del protocolo antipiquetes y a adecuar su actuación a las normas vigentes del Código Procesal Penal.

De todos modos, el Gobierno tiene la posibilidad de apelar el fallo ante instancias superiores de la Justicia.

Patricia Bullrich defendió con dureza este lunes la vigencia del protocolo antipiquetes y cuestionó a un sector del Poder Judicial por fallos que, según sostuvo, buscan debilitar una de las principales políticas del Gobierno en materia de orden público.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la exministra de Seguridad afirmó que el protocolo fue validado por “decenas de jueces” y que cuenta con un amplio respaldo social. En ese sentido, remarcó que la herramienta se aplica desde el primer día de la gestión y que permitió recuperar la circulación y el orden en el espacio público.

Implicancias políticas y sociales

El revés judicial debilita la estrategia de Bullrich, alineada con el gobierno de Javier Milei, que continúa su sucesora Alejandra Monteoliva, impulsando el protocolo para «garantizar la libertad de tránsito».

Organizaciones sociales denuncian que sirvió para criminalizar la protesta social en un contexto de crisis económica, con inflación aún alta y recortes a subsidios.

La sentencia no solo anula la resolución, sino que obliga al Estado a reformular cualquier norma similar respetando estándares internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica.

Abogados de los damnificados anticipan demandas por daños y perjuicios, mientras el Ministerio de Seguridad anunció apelación ante la Cámara.

Este fallo refuerza el rol de la Justicia como contrapeso al poder ejecutivo, recordando que la seguridad no puede pisotear derechos fundamentales.