El juicio popular por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en la provincia del Chaco culminó con un veredicto histórico: seis de los siete imputados, pertenecientes al conocido “clan Sena”, fueron declarados culpables. El caso, que conmocionó a la sociedad argentina desde aquel junio de 2023, dio lugar a uno de los procesos judiciales más seguidos y debatidos de los últimos tiempos.
La víctima y sus asesinos
El sábado 15 de noviembre de 2025, el jurado popular del Tribunal de Resistencia, compuesto por 12 personas, anunció de manera unánime que tanto César Sena como sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, eran culpables del delito de homicidio doblemente agravado: por el vínculo y por haber mediado violencia de género, encuadrándose así en la figura de femicidio. La pena impuesta fue la de prisión perpetua, la máxima prevista por la legislación argentina para este tipo de crímenes.
La acusación se extendía también a otros miembros allegados al núcleo familiar: Fabiana González, José Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo fueron hallados culpables como partícipes secundarios o encubridores, según el grado de intervención probado durante el proceso. En cambio, la única absuelta fue Griselda Reinoso, a quien el jurado declaró inocente.
El caso: detalles y contexto
Cecilia Strzyzowski, una joven de 28 años, desapareció después de ingresar a la vivienda del clan Sena el 2 de junio de 2023. Las cámaras de seguridad la registraron entrando, pero nunca saliendo. Esta desaparición marcó el inicio de una investigación que atravesó intensos debates mediáticos y sociales. La investigación determinó que Cecilia fue asesinada en la vivienda y que sus restos fueron posteriormente calcinados y dispersados en diferentes puntos del barrio Emerenciano.
El Equipo de Antropología Forense de Córdoba brindó pruebas impactantes sobre la destrucción de los restos, indicando que fueron sometidos a temperaturas superiores a los 800 grados durante varias horas, dejando signos claros de calcinación, lo que reforzó la gravedad y premeditación del crimen.
La mecánica del jurado popular
Durante el proceso, los miembros del jurado recibieron instrucciones detalladas de parte de la jueza Dolly Fernández y deliberaron varias horas antes de emitir su decisión. La defensa buscó la absolución de los imputados, alegando irregularidades en la instrucción y la existencia de prejuicios políticos y mediáticos. Sin embargo, la fiscalía y la querella insistieron en la contundencia de las pruebas, especialmente el contexto de violencia de género y los vínculos familiares que unían a los acusados con la víctima.
Este juicio fue seguido de cerca por la opinión pública y marcó un antecedente en la utilización de jurados populares para delitos de extrema gravedad en la provincia del Chaco, constituyéndose en un ejemplo del involucramiento ciudadano en temas de violencia de género.
Repercusiones sociales y políticas
La sentencia tuvo un fuerte impacto a nivel social y político. Desde organizaciones feministas hasta dirigentes políticos y ciudadanos comunes, abundaron las expresiones que demandaron justicia y pidieron una señal contundente frente a los femicidios y la violencia machista. La figura de Emerenciano Sena, prominente dirigente social y político local, potenció la repercusión del caso, sumando elementos de tensión política e implicancias sobre el poder territorial en la provincia.
El fallo fue recibido entre muestras de alivio y satisfacción por parte de la familia de Cecilia y los colectivos feministas, que desde el primer momento acompañaron las instancias del proceso y reclamaron justicia.
Un fallo ejemplar y el camino pendiente
Aunque el jurado popular dictó las máximas condenas permitidas por la ley argentina —prisión perpetua apuntalada en la figura penal de femicidio previsto en el artículo 80 del Código Penal—, queda abierta la reflexión sobre los desafíos estructurales que persisten en torno a la prevención y abordaje integral de la violencia contra las mujeres en la Argentina.
Este caso, por su exposición y por el peso de las personalidades involucradas, refuerza la demanda de una justicia sensible, efectiva y ágil, así como de políticas públicas que brinden respuestas concretas para erradicar la violencia de género. La sentencia del Chaco es un llamado de atención y un punto de inflexión, pero también la evidencia de la deuda que aún tiene la sociedad para evitar que casos como el de Cecilia Strzyzowski vuelvan a repetirse.
