La Casa Rosada aseguró que por la cercanía de las elecciones porteñas debió aplazar la presentación del nuevo régimen que buscará impulsar el uso de dólares ahorrados para compras y transacciones con un relajamiento de los controles impositivos.
En la Casa de Gobierno y el Ministerio de Economía, en tándem, repitieron como razón central que la decisión de esperar hasta la semana que viene estuvo relacionado solamente con el cálculo político, porque aseguran que el trabajo técnico -principalmente en las áreas de legales- había terminado, más allá de que se extendió hasta estas últimas horas.
En el trabajo fino estuvo involucrado, principalmente, el ARCA como organismo recaudatorio y de fiscalización, sobre el cual el decreto modificará algunos de los criterios con los que realiza el control de fiscalización. También formaron parte de esa mesa chica la Unidad de Información Financiera (UIF), encargado de prevenir y combatir el lavado de activos y el Banco Central.
“No vamos a permitir que el kirchnerismo tenga la oportunidad de acusar de electoralista un paquete de medidas trascendentales para todos los ahorristas argentinos, el anuncio económico que tenía preparado el Gobierno Nacional para el día de hoy queda postergado”, mencionó Adorni en su cuenta de X. En el Ministerio de Economía aseguran también que fue una razón de cálculo político y no de demora en el diseño de la medida.
Distintas fuentes oficiales abonaron la hipótesis de que la razón principal fue política, aunque algunos de los técnicos que trabajaron en los pormenores de la medida se vieron tan sorprendidos como el resto de la opinión pública una vez que se supo, pasadas las 14 del jueves, que se suspendería el anuncio.
“No se apuren porque no va a salir”, se sorprendió al leer ese mensaje un técnico involucrado de manera directa en las tratativas y que viene elaborando el entramado legal para darle forma a la remonetización en dólares. “Hay cosas que seguimos modificando para que se ajusten a lo que queremos. Jurídicamente, es complejo, pero va a funcionar muy bien”, arriesgó otra fuente oficial ante Infobae.
Ese grupo de medidas incluiría, aunque a horas del anuncio habían trascendido pocos detalles, modificaciones operativas para un tributo como Ganancias y otras para los controles bancarios. Así, se trabaja en un esquema que permita ingresar divisas al sistema formal y utilizarlos sin problemas para consumos específicos luego de completar una simple declaración jurada en la que consignen el origen de los fondos, según reconocieron días atrás fuentes oficiales ante la consulta de Infobae. Esa simplificación podría hacerse, incluso, dentro del contexto de la presentación de Ganancias.
No es la primera vez que el Gobierno libertario busca empujar la dolarización endógena: el último blanqueo que incluyó la Ley de Bases buscó dar incentivos para que esos ahorros en moneda extranjera surjan a la superficie y se destinen a transacciones.
La columna vertebral de esta reforma -que Javier Milei directamente calificó como una “revolución monetaria”- se centra en permitir que los contribuyentes declaren únicamente sus ganancias netas. Según trascendió, los contribuyentes de mayor patrimonio no experimentarían ningún tipo de simplificación.
El Gobierno necesitará que el nuevo mecanismo que quede vigente por decreto siga cumpliendo con los estándares internacionales de transparencia financiera y prevención de delitos como el lavado de activos
Ese temor a un uso de metralla electoral con la medida de este nuevo “blanqueo” -será igualmente distinto a los tradicionales porque llegará por decreto y no por ley, y no se abriría una ventana para declarar billetes y dejarlos depositados- tiene que ver con los señalamientos sobre un eventual debilitamiento del sistema de controles ante operaciones de lavado de dinero.
Pero más allá de ese cambio, el Gobierno necesitará que el nuevo mecanismo que quede vigente por decreto siga cumpliendo con los estándares internacionales de transparencia financiera y prevención de delitos como el lavado de activos para no recibir un llamado de atención severo por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que supervisa las regulaciones de cada país sobre este tema.
Uno de los incentivos para no alejarse de las prácticas internacionales, además, proviene del propio acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un organismo que suele promover en todos los países con los que tiene programas financieros vigentes, que los gobiernos tengan sus estándares actualizados.
“Fortalecer los marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es fundamental para nuestros esfuerzos de reforma, incluyendo nuestras políticas de seguridad más amplias. Implementar las recomendaciones clave del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sigue siendo una prioridad absoluta, y se espera una estrecha colaboración con el Fondo y otros expertos”, definió el organismo. Incluso hay, por escrito, un compromiso para que el Gobierno para que en noviembre presente una propuesta de implementación de medidas del GAFI.