En una lectura descarnada de la realidad local, el dirigente empresarial fue tajante al desmitificar las promesas oficiales, asegurando que ni la flexibilización de las leyes laborales ni la eliminación de la competencia fronteriza con Encarnación alcanzarían para frenar el deterioro de un sector que lucha simplemente por no seguir destruyendo puestos de trabajo.
El diagnóstico de los comerciantes misioneros refleja una gravedad que trasciende lo impositivo: la caída del consumo es de tal magnitud que incluso una eventual quita de impuestos provinciales, como los de Rentas, no garantizaría un repunte en las ventas ni evitaría nuevos despidos. Esta parálisis del mercado interno pone de manifiesto que el problema es estructural y que las soluciones «enlatadas» propuestas desde Buenos Aires ignoran las particularidades de las economías regionales, que hoy se encuentran en una etapa de supervivencia donde el flujo de caja apenas alcanza para sostener las estructuras mínimas.
Desde la conducción de la CCIP se mantiene un diálogo constante con el Ministerio de Hacienda de la provincia, pero la falta de respuestas concretas y efectivas por parte de la Nación agrava la incertidumbre en un contexto donde el esfuerzo privado parece haber llegado a su límite. Para los dirigentes del sector, el camino no es la espera de un milagro macroeconómico, sino el diseño de políticas sectoriales urgentes que entiendan qué rubros están siendo más afectados y cómo se puede asistir de manera eficiente a quienes todavía mantienen sus persianas levantadas frente a un panorama desolador.
La responsabilidad estatal está hoy bajo la lupa, ya que el sector mercantil exige que los gobiernos dejen de lado la inercia y se sienten a trabajar directamente con las cámaras que representan los intereses reales de la producción y el empleo. El reclamo es claro: se necesitan medidas que tengan impacto en el territorio y no simples anuncios que quedan en los grandes titulares pero no llegan al mostrador, donde la realidad diaria es la de locales vacíos y una rentabilidad que se pulveriza ante costos fijos que no dejan de escalar.
En definitiva, el mensaje del comercio posadeño funciona como un termómetro de lo que sucede en todo el interior profundo de Argentina, donde la resistencia tiene fecha de vencimiento si no se articula un plan de contingencia real. Sin una coordinación efectiva entre el Gobierno nacional y las provincias que proteja el trabajo genuino, el riesgo de un colapso mayor es inminente; hoy la prioridad absoluta es sostener la actividad antes de que el tejido comercial termine de romperse definitivamente por falta de consumo y exceso de indiferencia política.