El senador nacional Aníbal Fernández presentó un proyecto de ley que plantea la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal. «Buscamos priorizar los derechos humanos de segunda generación: primero atender la salud de quien consume y después atacar al narcotrafico», declaró Fernández en una conferencia de prensa ofrecida en el salón «Arturo Illia» del Senado.
La iniciativa de Fernández busca evitar la criminalización de la persona que consume que, en definitiva, «padece una enfermedad que tiene que ser resuelta por el Estado», consideró.
Al fundamentar su proyecto, el ex jefe de Gabinete advirtió el «fracaso» de la ley vigente sobre estupefacientes, la 23.737, que plantea derogar y que, según evaluó, «sólo consiguió atacar a los eslabones más débiles y a los perejiles».
Según Fernández, lo único que consiguió la actual legislación es «hacer un enorme daño», incentivar «el hacinamiento carcelario» y «llenar juzgados de causas que no tienen que ver con la seriedad».
El proyecto del también ex ministro del Interior busca considerar a quien ingiere estupefacientes, ya sea marihuana, cocaína o cualquier otra droga, como un «objeto al que hay que ayudar y no estigmatizarlo con una pena», aunque aclaró que «no pretende ser permisivo» a la hora de castigar.
«Ninguno de nosotros deja de pensar en el narcotráfico y en el ataque a aquellos que le venden mugre a nuestros hijos», advirtió, y dijo no tener «dudas de que los consumidores son víctimas visibles de las bandas de narcotraficantes».
El senador del Frente para Victoria rechazó las críticas sobre una supuesta permisividad de la nueva ley al señalar que «el objetivo no es alentar el consumo sino desalentarlo».
Precisó que su propuesta intenta no penalizar el consumo cuando sea «escasa la cantidad de droga hallada y no ponga en peligro a terceros» y adelantó que determina un castigo a quien trafique drogas con la misma pena, de entre 8 a 25 años, que la prevista para el homicidio simple.
También establece la despenalización del autocultivo para «no obligar al consumidor a tener que comprarle a un narcotraficante» y agrava el castigo a quien cometa «apología» del uso de drogas «cuando se utilicen para ello medios masivos de comunicación».
La propuesta regula, también el accionar del agente encubierto, determina que «será el juez el que diga cómo y cuándo» se utilizará esa figura y prevé la exención o reducción de penas a quien colabore con la causa para desbaratar una banda de narcos.
El legislador anticipó que pretende además «modificar el código aduanero» e insistió con que su proyecto implica «una solución definitiva para una situación que terminaba estigmatizando el que consume».