La organización internacional consideró que el entendimiento «se presenta como una oportunidad para reactivar la causa judicial, al posibilitar la realización de los interrogatorios pendientes».
«El memorándum de entendimiento parece indicar la voluntad de ambos países de que se avance en la causa del atentado a la AMIA, al permitir que se lleven adelante actos judiciales pendientes», expresó Amnistía a través de un comunicado.
La organización planteó que el acuerdo «de ninguna manera garantiza el éxito en la investigación», sino que «crea una oportunidad de avanzar hacia la justicia y reparación para las víctimas».
«Las indagatorias son actos de máxima importancia, imprescindibles para que pueda elevarse la causa a juicio oral y para dictar sentencia», remarcó Amnistía entre sus fundamentos.
Además, resaltó que el acuerdo «se presenta como una oportunidad para reactivar la causa judicial (…) actualmente estancada», y que la comisión de la verdad «podría ser una contribución positiva» a la causa.
La comisión de la verdad «podría ser una contribución positiva» a la causaCon todo, opinó que ese grupo de juristas «no debe reemplazar los procedimientos judiciales» y que tanto Argentina como Irán «deben garantizar la independencia de la comisión».
«Amnistía Internacional no toma posición acerca de los fundamentos de los cargos realizados por un juez argentino contra ocho ciudadanos iraníes y un libanés por su supuesta responsabilidad en el ataque de 1994 contra la AMIA», subraya por otra parte el comunicado.
Para Amnistía, Irán «debe garantizar el cumplimiento de los pedidos de extradición» si después de los interrogatorios acordados las autoridades judiciales argentinas «entienden que la evidencia es suficiente para procesar a los sospechosos y ordenar su arresto».
Otra opción, para la organización internacional, es que Irán «decida investigar el caso a través de su propio sistema judicial, en un juicio imparcial que no contemple la posibilidad de pena de muerte».
«Así surge del deber de cooperar en el arresto, extradición y castigo de personas acusadas por crímenes de derecho internacional o graves violaciones a los derechos humanos», se fundamentó en el comunicado.