Un informe señaló a la represión policial como responsable de la «Masacre de Curuguaty», utilizada como excusa para deponer al ex presidente. Revelan falsas evidencias para inculpar a los campesinos.
«Es una hipótesis que se maneja, y en la que muchos creen, que estamos investigando y que se puede llegar a demostrar, porque los hechos (la masacre) fueron el 15 de junio, el 21 empieza el juicio político contra Lugo y el 22 lo destituyen, fueron muy pocos días», señaló Laino a Télam, en diálogo telefónico desde Asunción.
Laino, dirigente histórico del PLRA, la misma fuerza del actual presidente de Paraguay, Federico Franco, pero fuertemente enfrentado al mandatario y a la conducción de esa agrupación, sostuvo que «la masacre de Curuguaty no tiene antecedentes en la historia: 17 muertos en segundos, con armas de guerra que no tenían los campesinos».
Además, dijo que «las armas utilizadas sólo las tiene la policía y las fuerzas armadas; por otra parte, esa masacre fue el argumento de mayor peso para el golpe de Estado parlamentario contra Lugo que se produjo pocos días después».
Laino también recordó que hubo «intentos anteriores» de destituir a Lugo, y que el juicio político «express», que definió como «ideológico», se suma «a las irregularidades que ahora cometió en la investigación de esa masacre el fiscal del caso, Jalil Amir Rachid», que es un ex presidente del Partido Colorado, la fuerza de la dictadura de Alfredo Stroessner.
«Por si fuera poco, el campo donde su produjo la matanza es colindante con el latifundio de otro ex presidente y senador Colorado, Blas Riquelme», destacó.
Según el dirigente liberal, hay «relaciones familiares» entre el fiscal y Riquelme, en cuya hacienda había «40 hectáreas plantadas con marihuana, y él decía que no lo había advertido».
Laino, se manifestó como contrario «al golpe de Estado; en desacuerdo con la política económica neoliberal que lleva adelante Franco en el gobierno» y como un «liberal progresista contrario a una directiva partidaria que apoya a los latifundistas».
El dirigente preside la Plataforma de Estudios e Investigaciones de Conflictos Campesinos, que ayer presentó en conferencia de prensa un informe que responsabilizó a la represión policial por el saldo trágico del desalojo campesino en la llamada «masacre de Curuguaty».
El estudio está avalado por videos, fotos y declaraciones de testigos del episodio ocurrido el pasado junio en la localidad de Curuguaty, que culminó con la muerte de 11 campesinos y seis policías.
El hecho, que conmocionó a la sociedad paraguaya, fue provocado por un supuesto apoyo de Lugo a grupos violentos de labriegos -según se alegó-, que presuntamente emboscaron a la fuerza pública, y constituyó la principal acusación durante el juicio político abierto al mandatario para desalojarlo de su cargo.
El informe, elaborado por un equipo dirigido por el jurista español Aitor Martínez, señaló que en el desalojo estuvieron 323 efectivos policiales, que debían negociar la salida del terreno ocupado por 60 campesinos, pero la violencia generó también más de 100 heridos.
Durante la conferencia de prensa, se mostraron videos e imágenes que desmienten la alegada emboscada campesina, pues en la recepción a los policías estaban presentes hasta mujeres y niños, algo insólito si se hubiera preparado un ataque, a la vez que los campesinos actuaron prácticamente desarmados.
El tipo de disparos, sus sonidos y las heridas producto de ellos determinan la utilización de armas de grueso calibre, automáticas, que nunca fueron halladas en el campamento ni incautadas a los campesinos, quienes apenas tenían escopetas viejas y sólo una fue disparada.
Las declaraciones de varios policías y campesinos que sobrevivieron expresan que francotiradores apostados alrededor y no identificados comenzaron a disparar, propiciándose la masacre, menciona el informe, según reporta la agencia Prensa Latina.
La policía, agrega, hizo fuego indiscriminadamente contra quienes no respondían a los disparos y accedió al lugar ejecutando a todos los campesinos que fue encontrando y ello se demuestra, según el informe, porque muchos murieron por heridas causadas a corta distancia.
El estudio sobre lo sucedido, que incluye la denuncia de detenciones y maltratos a detenidos menores de edad y la colocación de falsas evidencias para inculpar a los labriegos, contrasta con el divulgado sobre el tema, en sentido contrario, por la Fiscalía.
El informe confirma las denuncias del dirigente campesino Rubén Villalba, detenido el 27 de septiembre pasado por su participación en la masacre de Curuguaty. Villalba afirmó que fue la policía quien disparó primero en el enfrentamiento del 15 de junio de este año.