El acuerdo para iniciar un diálogo establece que la paz es «una obligación de ambas partes» y ubica a Cuba y Noruega como garantes de las conversaciones, y a Chile y Venezuela como acompañantes. De ese acuerdo, que la prensa viene revelando de a tramos, el presidente Juan Manuel Santos dará detalles probablemente antes de fin de semana, según medios bogotanos.
El texto firmado en La Habana el lunes contiene seis aspectos: política de desarrollo agrario integral; participación en política; fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas; víctimas y reparación; e implementación, verificación y refrendación del eventual acuerdo.
El documento, que empezó a ser discutido en febrero, señala que la paz «es una obligación de ambas partes» y establece algo que ya había trascendido el mismo lunes: que la mesa de diálogo se instalará en octubre en Oslo, capital noruega, pero que su sede principal será La Habana, aunque podrá sesionar en otros países.
El texto compromete a las partes a «poner fin al conflicto como condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera» e «iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas».
También afirma que se desarrollarán conversaciones «con el apoyo de los gobiernos de Cuba y Noruega como garantes y los gobiernos de Venezuela y Chile como acompañantes» y que «de acuerdo con las necesidades del proceso, se podrá de común acuerdo invitar a otros».
Caracol Radio aseguró, en tanto, que las conversaciones se iniciarían «sin un cese de hostilidades entre las partes y sin cese al fuego», aunque no citó fuentes.
La cadena bogotana RCN y la venezolana Telesur revelaron el lunes que las partes acordaron instalar la mesa de diálogo tras una fase de conversaciones preliminares en las que participaron Alejandro Éder, consejero presidencial para la Reintegración, y Rodrigo Granda, del equipo de relaciones internacionales de las FARC.
Luego se sumaron el consejero para la seguridad nacional, Sergio Jaramillo, y el ministro de Ambiente, Frank Pearl, así como Jaime Parra, alias «Mauricio Jaramillo» o «El Médico», de la cúpula de mando de las FARC, y Jesús Carvajalino, alias «Andrés París», otro alto jefe de ese grupo.
Bajo el título «Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera», el texto señala que en la mesa podrán participar «hasta 10 personas» por cada parte, aunque cada delegación podrá estar formada por hasta 30 miembros.
A raíz de las insistentes versiones de prensa sobre contactos entre las partes, el presidente Santos admitió el lunes por la noche que su gobierno había tenido acercamientos con la guerrilla en busca de un proceso de negociaciones que acabe con el conflicto armado interno que ya lleva cinco décadas.
Además, aún con reservas, también el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda organización del país, adelantó que podría sumarse a las conversaciones.
La fuerte jugada del Ejecutivo de Santos recogió un marcado respaldo de casi todos los sectores y algunas críticas aisladas, entre ellas la del ex mandatario Alvaro Uribe, vuelto un acérrimo opositor a Santos.
Los asesores Jaramillo y Eder afirmaron hoy que entregarán en los próximos días a Santos un informe detallado sobre los alcances de las primeras conversaciones, y se descuenta que luego el mismo presidente dará detalles del inminente proceso.
Este martes, en Cartagena de Indias, Santos volvió a defender su decisión de dialogar con la guerrilla: «¿Se imaginan como sería una Colombia en paz? Nuestras generaciones no han vivido un sólo día de paz, y quiero que las nuevas generaciones sí lo vean y gocen un país».
El fiscal general Eduardo Montealegre, en tanto, aseguró que en un eventual proceso de paz el llamado Marco Jurídico para la Paz -en estudio en el Congreso- le da a Santos «un margen de negociación jurídica».
El diario El Tiempo señaló, en su sitio web, que la intención es que el Congreso apruebe en octubre el proyecto de ley estatutario que active el marco jurídico, fecha a partir de la cual se contaría con un plazo de 4 años para desarrollarlo en su integridad.
Las FARC, activas desde 1964, protagonizaron ya frustrados procesos de paz con los gobiernos de los presidentes Belisario Betancur (1982-1986), César Gaviria (1990-1994) y Andrés Pastrana (1998-2002).