Lo que el Gobierno presenta como una medida de equilibrio fiscal es, en realidad, el combustible de un círculo vicioso peligroso: el ajuste profundiza la recesión, la recesión desploma el consumo y, consecuentemente, la recaudación se hunde, obligando al presidente ultraderechista Javier Milei a aplicar nuevas e incluso más drásticas podas.

Esta dinámica, advertida por economistas de diversos sectores, amenaza con asfixiar definitivamente la actividad económica que ya acumula nueve meses de caída real en sus ingresos fiscales.

La decisión de aplicar un recorte del 2% en gastos corrientes y un contundente 20% en gastos de capital es la respuesta directa a una recaudación que no para de sangrar, con el IVA reflejando un descenso real del 3% en abril. Al podar la inversión en infraestructura y obra pública, el gobierno nacional impacta de lleno en el empleo y el salario, motores fundamentales del consumo interno. Expertos del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) y del CEPA coinciden en una advertencia sombría: al ser nuestra estructura tributaria pro-cíclica, el ajuste termina siendo ineficaz porque los ingresos tributarios caen mucho más rápido de lo que se logra achicar el gasto, una paradoja que ya ha tenido finales trágicos en la historia reciente del país.

El impacto en las provincias, y particularmente en distritos como Misiones, es especialmente alarmante debido al hachazo de 320.000 millones de pesos en transferencias y Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Al asfixiar los recursos regionales, el modelo del presidente ultraderechista anula cualquier capacidad de recomposición salarial para los trabajadores estatales provinciales. Esto se traduce en un derrumbe inmediato del consumo en los comercios locales, afectando no solo la recaudación nacional de IVA, sino destruyendo la caja propia de las provincias que dependen de los Ingresos Brutos, un tributo que hoy está en caída libre.

La sombra de la Ley de Déficit Cero del año 2001 sobrevuela el análisis de los especialistas, quienes ven con temor cómo las políticas contractivas actuales están generando «ajustes de segunda vuelta». Cuando el consumo masivo está por el piso —como ya lo han reflejado los indicadores de actividad económica de febrero con una baja del 2,1%—, insistir con una política fiscal aún más restrictiva parece conducir a un callejón sin salida. El riesgo de que la economía se detenga por completo es real, mientras el Ejecutivo nacional se mantiene firme en una estrategia que prioriza los números del Excel por sobre la realidad social y productiva de las provincias.

En definitiva, el presupuesto recortado para el próximo año no es más que la confirmación de un modelo de ajuste permanente que se retroalimenta de la propia crisis que genera. Con menos dinero en la calle, menos obras en marcha y salarios que pierden sistemáticamente contra la inflación, el sostenimiento del superávit se vuelve una meta cada vez más lejana y costosa para el tejido social. La advertencia es clara: si no se detiene la caída de la actividad, no habrá recorte suficiente que alcance para compensar la pérdida de una recaudación que se desvanece junto con el poder de compra de los argentinos.