Con esta resolución, los jueces de la Corte enviaron un mensaje claro al Ejecutivo: no existen razones de «gravedad institucional» suficientes para saltear las instancias inferiores, obligando al Gobierno a seguir el camino largo de los tribunales en una disputa que mantiene en vilo al modelo económico oficial.
La jugada del Gobierno buscaba que la Corte anulara de inmediato la cautelar que hoy mantiene suspendidos 83 artículos clave de la reforma impulsada por Milei. Desde el oficialismo argumentaban que un juez laboral de primera instancia no tenía competencia para frenar una ley nacional y cuestionaban la legitimidad de la CGT para representar el reclamo. Sin embargo, para los ministros del máximo tribunal, los requisitos legales para habilitar este «salto de instancia» no se cumplieron, lo que deja al Estado nacional en una posición de debilidad jurídica frente al freno impuesto por la justicia del trabajo.
Lo que se discute en el fondo es una reforma que la central obrera tilda de inconstitucional por vulnerar derechos básicos y limitar el acceso a la justicia de los trabajadores. El juez Raúl Horacio Ojeda, quien dictó la medida cautelar con efectos generales, sostiene que los cambios propuestos afectan la protección del trabajo y los derechos sindicales de forma irreversible. El Gobierno se queja de que esta suspensión prácticamente anula el objeto de la ley antes de que se discuta su validez definitiva, generando un clima de incertidumbre para las empresas que esperaban aplicar el nuevo régimen.
¿Cómo sigue el tema de ahora en adelante? La batalla judicial se traslada ahora al fuero Contencioso Administrativo Federal. Este cambio de escenario es vital, ya que es un fuero donde suelen tratarse conflictos entre el Estado y particulares, y donde el Gobierno espera encontrar una mirada más técnica y menos ligada al derecho laboral tradicional. Al rechazar el per saltum, la Corte dejó que el expediente siga su curso ordinario, lo que significa que el caso deberá pasar por la Cámara de Apelaciones antes de volver, eventualmente, a las puertas del máximo tribunal para una sentencia final.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste. Aunque la reforma laboral técnicamente sigue en vigencia, los artículos más polémicos y transformadores permanecen bloqueados por la justicia. El camino que imaginaba la gestión libertaria como una vía rápida hacia la desregulación se ha topado con una arquitectura judicial que demanda plazos y formas que el Ejecutivo intentó ignorar. La disputa está lejos de cerrarse y promete ser uno de los capítulos más largos de la confrontación entre el programa de ajuste de Milei y el sistema de contrapesos institucionales.
