Así lo denunció Marcelo Fernández, titular de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), quien disparó contra la lógica de una gestión que no parece sufrir «errores» de cálculo, sino que ejecuta un proyecto deliberado de desmantelamiento industrial.

Con un promedio de 30 persianas que se bajan por día según datos del INDEC, la realidad golpea con fuerza a provincias como Misiones, donde el comercio y la pequeña industria son el único sostén de miles de familias que hoy ven el futuro con una angustia asfixiante.

Para la dirigencia empresarial, la obsesión del Gobierno nacional por bajar la inflación a cualquier costo ha generado un desierto de consumo que asfixia a quienes producen y venden. Fernández fue tajante al señalar que la estabilidad de precios no puede cimentarse sobre el cadáver de la industria nacional y el comercio minorista. «Es un proyecto, es una idea que tiene este gobierno», afirmó, vinculando las «desafortunadas» declaraciones de Milei sobre el destino de ciertos sectores con las medidas que efectivamente se aplican en el territorio. El diagnóstico es una advertencia de colapso: no se trata de un bache temporal, sino de una caída libre que ya se ha cobrado 22.000 pymes en lo que va de la gestión.

La preocupación central no es solo la pérdida de capital de los empresarios, sino el abismo social que se abre con cada despido. Detrás de la fría estadística de las 50.000 empresas en riesgo, se esconde la destrucción de 500.000 puestos de trabajo formales que el mercado no podrá absorber. El titular de CGERA cuestionó la falta de un horizonte laboral para quienes son expulsados del sistema y terminan refugiándose en la precariedad extrema de las changas o el reparto sin derechos. «¿A dónde se va a emplear esta gente?», interrogó Fernández, subrayando que el Gobierno no ofrece ninguna explicación sobre cómo se recuperará la vida económica en las ciudades cuando el comercio y la industria terminen de derrumbarse.

El impacto en regiones como el NEA es especialmente crítico, donde la vida cotidiana depende de la circulación de dinero que genera el sector privado local. El titular de CGERA reflejó un clima de «terror empresarial» donde la pregunta ya no es si la crisis pasará, sino si el propio negocio será el siguiente en la lista de cierres. «La angustia es si será la mía mañana», describió Fernández, capturando el sentimiento de miles de empleadores que hoy operan a pérdida, agotando ahorros y sin ver una luz al final del túnel en un esquema que parece despreciar la producción nacional en favor de teorías abstractas de mercado.

Finalmente, el sector pyme exige un cambio de rumbo urgente antes de que el daño sea irreversible. La proyección de alcanzar las 50.000 empresas cerradas no es un ejercicio retórico, sino una extrapolación lineal del daño que ya está ocurriendo hoy mismo en cada rincón del país. Mientras el Ejecutivo nacional celebra indicadores macroeconómicos en redes sociales, el subsuelo de la economía real se resquebraja, dejando a los trabajadores y a los pequeños empresarios a merced de una política que, lejos de sanear la economía, parece estar decidida a dejar tierra arrasada en el mapa productivo argentino.