Para el entramado PyME, la narrativa oficialista que asocia a la fábrica nacional con la corrupción o el subsidio no solo es injusta, sino «peligrosa». En un contexto de recesión profunda y caída del consumo, el sector denunció que producir en la Argentina de Milei se ha vuelto una carrera de obstáculos insalvable, marcada por la presión impositiva más alta de la región y un crédito inexistente. «No somos prebendarios; somos quienes invertimos en un país históricamente inestable», sentenciaron desde IPA, marcando una distancia ética frente a un relato oficial que intenta presentarlos como enemigos del progreso mientras el ajuste destruye el mercado interno.

El comunicado de IPA fue especialmente duro respecto a la apertura comercial indiscriminada que impulsa la gestión ultraderechista. Los industriales advirtieron que un «shock» de importaciones, sin corregir las asimetrías fiscales y los costos logísticos locales, no genera competencia, sino un «desplazamiento productivo» liso y llano. En términos criollos: es una invitación al cierre masivo de fábricas. La advertencia es clara: competir en desigualdad de condiciones contra el mundo, mientras se mantienen impuestos nacionales y provinciales asfixiantes, es una sentencia de muerte para las pequeñas unidades productivas que no tienen la espalda de los grandes conglomerados.

La estigmatización pública realizada por Milei en el Congreso también fue blanco de críticas. Desde IPA señalaron que la inversión requiere previsibilidad y no ataques morales desde el atril presidencial. La preocupación radica en que, mientras el Gobierno ofrece incentivos de seda para las grandes inversiones extranjeras, deja a la intemperie al tejido que ya existe y que da vida a las comunidades del interior. «Cuando una PyME cierra, se pierde arraigo, proveedores y futuro», alertaron, resaltando que la modernización de la economía no puede hacerse sobre el cementerio de la industria local.

Finalmente, el sector industrial le exigió al presidente ultraderechista reglas claras y una transición ordenada que contemple la realidad del empleo argentino. La discusión que plantea IPA no es «industria sí o no», sino cómo evitar que el fanatismo ideológico termine por desintegrar el capital social construido durante décadas. Si el motor de la nueva etapa será la energía, las Pymes exigen ser parte de ese proceso y no el «daño colateral» de un modelo que, hasta ahora, solo ha demostrado eficacia para licuar salarios y paralizar la producción nacional.