La Procuraduría General de la Nación de Colombia anunció que destituyó e inhabilitó por el término de 18 años a la actual senadora liberal Piedad Córdoba por presunta colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según el ministerio público, la sanción disciplinaria tiene su origen en información hallada en los computadores atribuidos al jefe guerrillero alias Raúl Reyes, muerto en 2008 durante una incursión militar ilegal del ejército colombiano en territorio ecuatoriano.
En un comunicado, la Procuraduría sostiene que logró establecer que en el cruce de documentos entre las FARC y Córdoba, la parlamentaria se extralimitó en sus funciones, así como en la autorización dada por el gobierno para gestionar el intercambio humanitario.
Para la entidad la congresista emitió consejos a las FARC relacionados con no enviar vídeos de prisioneros a cambio de grabaciones de voz de los mismos, «con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos».
A su vez, en el comunicado la Procuraduría indica que la senadora dio información al grupo guerrillero sobre diferentes asuntos vinculados con la liberación de los retenidos, entre ellos, posibles donaciones de gobiernos extranjeros a departamentos colombianos.
Por otra parte, el documento expresa que Córdoba «instruyó y solicitó a las FARC» que suministraran pruebas de vida de los prisioneros con el fin de favorecer a gobiernos de otros países.
Asimismo, también se conoció que el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, absolvió a la prestigiosa activista por la paz de su país por el cargo de «traición a la patria», por considerar que no perjudicó la integridad nacional.
Esta no es la primera que contra la líder del grupo de la sociedad civil Colombianas y Colombianos por la Paz se lanzan este tipo de acusaciones, lo que para muchos constituye una persecución por sus posiciones políticas progresistas.
Hasta el momento la senadora, quien desde diversos escenarios nacionales e internacionales llama a la solución política del conflicto armado interno, no se ha pronunciado en torno a la decisión de la Procuraduría, la cual podrá ser apelada e ir a segunda instancia.
