El intendente de la localidad misionera, Edgardo “Chichín” Aquino, se refirió al plan. Reconoció que hay casos de inseguridad en la zona “como existe en todas partes”, pero también manifestó su preocupación por su posible incidencia en el tránsito vecinal habitual. “Tenemos que buscar la manera de dar cobertura a lo que ocurre sin impedir los intercambios comerciales, sociales, culturales y deportivos permanentes”.
“Existen fuerzas que están aquí hace un tiempo por toda la localidad. La inseguridad existe en todas partes. Nuestro límite natural que tenemos hace que la situación sea un poco más compleja. Tenemos que buscar la manera de tratar de darle una cobertura a todo ese tipo de cosas que ocurren, pero no abocarnos a tratar de impedir el normal tránsito que hacemos los vecinos de aquí o de allá”, afirmó Aquino al ser consultado sobre el despliegue anunciado por la ministra Patricia Bullrich para reforzar la seguridad en la zona.
“Eso es una cuestión natural de siempre, intercambios permanentes, ya sea comercial, social, cultural o deportivo. Si esto vendría a poner obstáculo a esto, se complicaría”, sostuvo.
En ese sentido, señaló que el eventual refuerzo de controles fronterizos no debería obstaculizar la fluidez del paso. “Más ahora cuando la situación está crítica acá por la situación que los comercios están cerrando, están largando personal y eso verdaderamente hace que la gente del lugar tenga que irse a Brasil, irse a Corrientes, Entre Ríos en la búsqueda de trabajo”, advirtió el jefe comunal.
Por ello, pidió que se considere a Irigoyen como una “aduana de turismo de compras”, para agilizar el paso de quienes cruzan la frontera con fines comerciales. “La gente aquí estaciona al margen del límite y directamente entra caminando y sale caminando con todos los envoltorios que quiera llevar. Entonces, creo que eso va en desmedro de gran parte de la población y de los comercios que no están sobre la vera del límite”.
“Queremos evitar las largas colas de aquellas personas que pretenden pasar legalmente a hacer compra y se tengan que encontrar con el obstáculo del trámite migratorio que no pierdas una o dos horas para ir de un lado y dos horas para volver”, planteó.
De todas formas, aclaró que dicho pedido no intervendría en el funcionamiento de migraciones y aduana: “Sería el pase libre para la gente que viene a comprar en el municipio, sí tendrían que hacer el trámite correspondiente aquellos que van a ausentarse o van a viajar hacia otros puntos”.
El nuevo operativo se hizo efectiva mediante la publicación de la resolución 626/2025 en el Boletín Oficial. La normativa lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Así, el Gobierno incrementa los esfuerzos para combatir delitos federales y coordinar los recursos de seguridad tanto a nivel federal como provincial, a través del Plan Guacurarí.
De acuerdo con el documento, se trata de “una parte de una frontera seca de difícil acceso, que abarca 25 kilómetros lineales, presenta múltiples retos para el control efectivo de las actividades ilícitas, como el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero”.
Puntualmente, el texto refiere a la ciudad de Bernardo de Irigoyen, en donde el tramo señalado está delimitado por avenidas de aproximación asfaltadas en ambos márgenes, por donde ”existen varios pasos clandestinos donde la inexistencia de barreras naturales facilita su utilización para cometer ilícitos». Entre los problemas detectados, señalaron que “la idiosincrasia local se ha entrelazado con la actividad de bandas criminales que operan en la zona, algunos de los cuales ofician de intermediarios y se encuentran influidos por los grupos criminales brasileños como el Primer Comando Capital Bala na cara y, en menor medida, el Comando Vermelho”.
En este contexto, el Plan Guacurarí surge como respuesta a desafíos vinculados con actividades ilícitas. “Bandas criminales locales e internacionales han intensificado su actividad en esta zona estratégica debido a su proximidad con la República Federativa de Brasil (Municipio Dionisio Cerqueira) que incluyen grupos como el Primer Comando Capital (PCC) y otras organizaciones menores que operan como intermediarios”, sostiene el texto.
Para la implementación del operativo, crearon el Comando Unificado Guacurarí, encargado de coordinar los despliegues de interfuerzas en la región. Estará compuesto por representantes de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Además, la Policía de la Provincia de Misiones podrá designar representantes como enlaces.
Su rol principal será supervisar la ejecución de operaciones específicas para restablecer el control territorial en la frontera. Esta operación inicial se llevará a cabo durante un período de 180 días, aunque existe la posibilidad de extender este plazo si se considera necesario.
Esta nueva iniciativa se suma al Plan Güemes, que está siendo ejecutado desde diciembre del año pasado en las zonas de Aguas Blancas y Puerto Chalanas, en la provincia de Salta. Lo mismo sucede en Tartagal y Salvador Mazza; y el Plan Roca, en la frontera con Bolivia. A principios de mayo un total de 1.900 efectivos del Ejército Argentino se sumaron a la operación para reforzar el control fronterizo en el norte provincial, buscando operar contra el crimen organizado.
Para el gobierno de Salta, este operativo servirá para reforzar las acciones de las fuerzas federales y provinciales, pero además tiene el objetivo específico de mejorar la vigilancia en los pasos fronterizos. El secretario de Seguridad salteño, Nicolás Avellaneda, destacó el despliegue asegurando que “se está dando un golpe muy fuerte al narcotráfico. Todos los delitos vinculados a la narcocriminalidad disminuyeron en este primer cuatrimestre”. “Tenemos una frontera muy extensa y creemos que este aporte realmente va a colaborar”, añadió.
A su vez, coincide con las medidas de inmigración impuestas por el Gobierno. La iniciativa propone incrementar las exigencias para conceder la residencia a extranjeros y establecer tarifas para ciertos servicios. Asimismo, tiene como objetivo ampliar las estrategias para deportar a extranjeros del país. “Argentina fue demasiada permisiva para quienes ingresan de forma irregular”, resumió el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante el anuncio.