El sector denuncia una situación de «delito permanente» y un «incumplimiento flagrante de deberes de funcionario público», a pesar de que la Justicia ya había suspendido los efectos del DNU 70/2023 que desregulaba el organismo. La omisión del Gobierno nacional, al no nombrar un presidente ni permitir su funcionamiento, está generando un vacío institucional aprovechado por los grandes grupos industriales para imponer precios irrisorios, lo que, según los denunciantes, se traduce en un perjuicio millonario para los eslabones más débiles de la cadena.

Transferencia de riqueza y empobrecimiento rural

Las cifras reflejan la gravedad del panorama. Según el abogado Federico Padolsky, la desregulación de 2024 significó una transferencia de ingresos de más de $140 mil millones desde los productores y tareferos hacia el oligopolio industrial. Este monto, que no llegó a las chacras, agrava la situación de miles de familias.

El dirigente Hugo Sand fue aún más contundente, señalando que solo en el primer año se dejaron de percibir $200 mil millones, dado que el kilo de hoja verde se pagó a $180, mientras que el sector pedía $500. A esto se suma que los plazos de pago se han extendido a 120 días, poniendo en riesgo la supervivencia de los pequeños productores y favoreciendo la concentración del negocio en unas pocas manos.

El documento elevado a la Justicia califica la situación como un «proceso de transferencia brutal de riqueza» que «agravaba la pobreza rural, expulsaba familias de la chacra y destruía tejido social». Además de la pérdida económica, se señala que la inacción del Ejecutivo configura un delito de desobediencia y una «usurpación de funciones», vulnerando el principio de división de poderes.

La acción judicial, respaldada por referentes históricos del sector y con el acompañamiento del gobierno de Misiones, es la tercera que impulsan los yerbateros desde la publicación del DNU. Los denunciantes no ceden en su reclamo: o se nombra a las autoridades del INYM, o el caso escalará a un juicio político contra el presidente ultraderechista.

Abrazo al Inym

La protesta, que consistió en un «abrazo simbólico» al edificio, fue convocada por productores, tareferos y cooperativas para exigir al Gobierno ultraderechista de Javier Milei que designe a las autoridades del organismo. Los manifestantes denuncian que la falta de conducción institucional ha derivado en una grave crisis para el sector, con precios que no cubren los costos de producción y plazos de pago de hasta 120 días.

El sector yerbatero señala que el mercado está en manos de unos pocos grandes grupos empresariales y que la desregulación ha provocado una «transferencia de ingresos» millonaria en detrimento de los pequeños productores. Además de la movilización, los productores presentaron una medida cautelar ante la Justicia para intimar al Poder Ejecutivo a cumplir con la ley y nombrar a las autoridades del INYM, advirtiendo que, de no haber respuestas, podrían avanzar con un pedido de juicio político al presidente ultraderechista.