En un escenario marcado por la caída estrepitosa del consumo interno y una apertura de importaciones que asfixia a la producción local, las pequeñas y medianas empresas del sector denunciaron que sus plantas operan actualmente a menos de la mitad de su capacidad instalada. La advertencia del empresariado es categórica: el riesgo de cierres definitivos es inminente y la continuidad de miles de puestos de trabajo en toda la cadena productiva, desde los viveros hasta los aserraderos, se encuentra seriamente amenazada por la falta de competitividad.
El diagnóstico del sector apunta a un desbalance insostenible en las reglas de juego, donde las pymes misioneras deben competir con productos importados de países con cargas impositivas mínimas y energía subsidiada. Mientras la industria local enfrenta costos logísticos y tributarios crecientes, el ingreso de madera y derivados de naciones con condiciones financieras más favorables está desplazando a la producción nacional de su propio mercado. Según el comunicado gremial, la situación ya no es un problema de coyuntura, sino un deterioro estructural que pone en jaque el arraigo rural y el entramado industrial de una provincia que tiene el 90% de sus fronteras con Paraguay y Brasil.
Ante esta realidad, el sector forestal respaldó de manera explícita el reclamo de condiciones fiscales, energéticas y logísticas especiales para Misiones. La condición de frontera de la provincia intensifica las asimetrías, especialmente con los países vecinos donde los costos operativos son significativamente más bajos. Por ello, los industriales exigen una hoja de ruta que incluya tarifas eléctricas diferenciales para las fábricas, precios especiales en combustibles para el transporte de carga y una revisión urgente de los aranceles de importación mientras no existan condiciones de equidad para producir en suelo argentino.
La crítica hacia las políticas del gobierno nacional encabezado por el presidente ultraderechista Javier Milei es directa, especialmente en lo que respecta a la presión tributaria y la desprotección del mercado interno. Los referentes del sector, como el ingeniero Nicolás Ocampo, sostienen que no buscan subsidios sino «condiciones justas» para trabajar. Existe una preocupación creciente de que el modelo actual, junto con esquemas de incentivo para grandes capitales, termine favoreciendo exclusivamente a las grandes corporaciones en detrimento de los pequeños productores y las pymes que sostienen la economía de las chacras misioneras.
El documento finaliza con una advertencia sobre el impacto social que tendría el colapso del sector: sin correcciones urgentes en la política comercial y fiscal, el modelo derivará inevitablemente en la desaparición de unidades productivas clave. La industria forestal es el pilar del empleo genuino en la provincia y su caída tendría efectos multiplicadores devastadores sobre la paz social y el desarrollo regional. El reclamo es un llamado de auxilio de un sector que se siente empujado hacia la quiebra mientras observa cómo la apertura económica sin resguardos destruye años de inversión y formación técnica.

