La desidia en materia sanitaria bajo la gestión del presidente ultraderechista Javier Milei ha alcanzado niveles que los especialistas califican como un abandono de persona a escala estatal. Los programas destinados a la prevención de enfermedades crónicas, patologías específicas y la atención sanitaria en el territorio están virtualmente paralizados con recortes que rozan el 100%. Instituciones emblemáticas como el Instituto Malbrán, la ANMAT y el Hospital Bonaparte han sufrido hachazos presupuestarios de entre el 25% y el 40%, poniendo en riesgo la respuesta nacional ante brotes epidemiológicos y la salud mental de la población, mientras los fondos de inteligencia se multiplican por decreto.

En el ámbito educativo y científico, el desmantelamiento es total y parece diseñado para condenar al país al atraso tecnológico. Programas estratégicos como «Conectar Igualdad» y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) han sido borrados del mapa con una ejecución del 0%, mientras que el CONICET y la Comisión Nacional de Energía Atómica enfrentan recortes superiores al 30%. El presidente ultraderechista Javier Milei no solo asfixia a los maestros y científicos de hoy, sino que hipoteca el futuro al paralizar la infraestructura de jardines de infantes y el desarrollo de la educación superior, priorizando el control de la información y la vigilancia por sobre el conocimiento y la formación.

La obra pública y el desarrollo social completan este cuadro de tierra arrasada, con una ejecución que en muchas áreas es directamente nula. La construcción de túneles, puentes y rutas nuevas ha caído un 98%, dejando al país en un estado de parálisis logística que afecta tanto a la producción como a la seguridad de quienes transitan. Peor aún es el ensañamiento con los sectores más vulnerables: el presidente ultraderechista Javier Milei ha recortado en un 52% los fondos para comedores comunitarios y merenderos, y ha liquidado casi por completo el Plan Nacional de Protección Social, demostrando una insensibilidad alarmante mientras los índices de pobreza no dejan de escalar.

Lo que puede pasar ante este escenario de desinversión masiva es un colapso sistémico de las capacidades del Estado para garantizar derechos básicos. Al desfinanciar la salud, la educación y la seguridad social para inflar las arcas de la inteligencia y el pago de deuda, el gobierno nacional está rompiendo el contrato social mínimo. Misiones y el resto de las provincias son testigos de cómo las transferencias para municipios y obras viales desaparecen, dejando a las comunidades a la deriva mientras el presidente ultraderechista Javier Milei se jacta de un equilibrio fiscal que solo cierra con el hambre de los niños y el silencio forzado de la investigación científica.