Argentina / Política /Sociedad | El drama de la discapacidad en Argentina se agrava: “No hay un horizonte positivo”

La crisis del sector de la discapacidad en Argentina, lejos de encontrar un alivio, se profundiza. A pesar de que el gobierno del ultraderechista Javier Milei promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley N° 27.793), un decreto posterior suspendió su aplicación, condicionándola a que el Congreso defina las partidas presupuestarias. Esta medida, calificada de “inconstitucional” e “inverosímil” por las organizaciones del sector, ha generado una ola de indignación y desesperación entre las personas con discapacidad y sus familias, quienes sienten que la situación va en aumento sin un horizonte positivo.

La presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Gabriela Troiano, expresó su total repudio a la decisión del gobierno. En una entrevista, señaló que la suspensión de la ley, que fue aprobada con una amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, representa una “demora” en la aplicación de un derecho fundamental. Para Troiano, el gobierno de Javier Milei utiliza el argumento de la falta de fondos para “ganar tiempo”, a pesar de que está legalmente obligado a garantizar los recursos necesarios para la vida de las personas con discapacidad.

Las consecuencias de esta inacción son palpables. Troiano relató que las familias están atravesando una “angustia terrible” y que “las personas con discapacidad no dan más”. La situación afecta a todo el ecosistema de atención, desde los prestadores y profesionales hasta los transportistas y talleres protegidos. La crisis económica del país impacta de forma desproporcionada a un sector en situación de vulnerabilidad extrema, donde las pensiones no contributivas de $240.000 no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

Maltrato, obstaculización y un desprecio por la ley

Más allá de la cuestión presupuestaria, la titular de REDI calificó la actitud del presidente Milei como un “maltrato” y una “obstaculización” sistemática de los derechos de las personas con discapacidad. La decisión de suspender una ley ya aprobada, sumada a la demora en su promulgación, evidencia, según Troiano, un profundo desconocimiento de las normas constitucionales y una falta de compromiso con los pactos internacionales de derechos humanos.

La indignación del sector se ve incrementada por los recientes escándalos de corrupción en el área de discapacidad, con denuncias de robo de fondos millonarios que debían ser destinados a la atención del sector. Para la presidenta de REDI, esta combinación de factores genera una “sensación, un malestar, una indignación e impotencia muy grande”, y deja en claro que, para un sector vulnerable y necesitado, la crisis está lejos de terminar.