Integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento de Escuchas Ilegales de la Legislatura provincial emitieron un dictamen, a través del cual buscan que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) informe sobre la totalidad de las órdenes de intervenciones telefónicas libradas por jueces y funcionarios de las distintas circunscripciones, desde el año 1983 hasta la fecha. El dictamen surgió a partir de un pedido del presidente de la Cámara, Carlos Rovira, con miras a que los informes requeridos abarquen a la totalidad de las intervenciones telefónicas realizadas por la justicia desde el regreso a la democracia.
Entre los principales puntos del dictamen, rubricado por unanimidad de los presentes, los legisladores solicitan al STJ datos pormenorizados -para cada caso- sobre «el solicitante de la medida; causa en que se tramita e identificación de los expedientes; identificación de las líneas intervenidas, nombres y apellidos de los titulares desde el inicio de la intervención hasta su cese y sus prórrogas; fecha de libramiento de la orden de intervención telefónica; fecha de efectiva intervención telefónica, prórrogas, y en su caso, causas que la motivaron y cese de las mismas; y juez o funcionario judicial competente que autorizó u ordenó la medida».
En el instrumento se incluye además a las empresas de telefonía que prestan servicios en Misiones, las cuales -de ser sancionada la iniciativa- tendrán que informar «qué líneas telefónicas fijas y móviles fueron intervenidas por orden judicial desde el año 1983 y hasta la fecha, identificando los datos personales de sus titulares en todo el periodo intervenido».
La creación de la Comisión de Seguimiento de Escuchas Ilegales se concretó por iniciativa del titular de la Cámara, Carlos Rovira, en el marco del proceso que la justicia federal lleva adelante en la investigación por las escuchas telefónicas, y que en Misiones se materializó con las destituciones de los ex jueces Horacio Gallardo y José Luis Rey.
La comisión tiene por objetivo analizar procedimientos e intervenciones telefónicas autorizadas por funcionarios y magistrados judiciales de la provincia de Misiones, con miras a la protección y resguardo de la intimidad y los derechos constitucionales de los ciudadanos.