La muerte de un hombre en el Paraná de las Palmas al ser impactado su bote por un barco de gran calado, derivó en un incidente de competencia entre un juez federal y otro del fuero ordinario de la Provincia de Buenos Aires. En marzo del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que debía intervenir el magistrado federal, en coincidencia con un pronunciamiento del Procurador subrogante Santiago González Warcalde. El caso podría servir como antecedente para determinar en Posadas qué fuero debe intervenir en la investigación de la denominada «Tragedia del Paraná», que se cobró la vida de ocho personas el pasado 16 de enero.
El presidente del Colegio de Abogados Rodrigo Bacigalupi,además tío de una de las víctimas, explicó que lo que las familias esperan es que se esclarezca la hipótesis que tienen sobre lo sucedido, esto es si a través de las medidas de seguridad que tendrían que haber sido brindadas por los organizadores y por Prefectura se hubiera podido evitar la tragedia.
En su condición de familiar, agregó que, en su opinión «se sufrió un abandono muy grande por Prefectura, quienes cumplen 200 años, y para nosotros de inacción, de incapacidad y de inoperancia, y creo que esto debería estar puesto a consideración de las autoridades nacionales para estudiar la función que cumplen, porque si sólo van a perseguir paseras y contrabandistas de cigarrillo están muy cortos, y entonces se deberían ir de nuestra provincia y deberíamos convocar a fuerzas que puedan dar la seguridad que necesitan nuestros ciudadanos en el río».
Por otro lado, consideró que los datos de la causa de la Tragedia del río Paraná sólo se pueden obtener de aquellos que estuvieron en el lugar del hecho. «Sabemos que hay testimonios, quienes los escuchamos, muy importantes que hacen a la realidad», resaltó. Aún muchos de esos testimonios no fueron brindados a la Justicia.
Respecto q quien deberá hacerce cargo de la causa existe un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 10 de marzo de 2009 ordenó que la Justicia Federal de San Isidro investigue el accidente naval en el que murió un remero al ser atropellado por un buque en el Canal Mitre, en el Paraná de las Palmas, Provincia de Buenos Aires. El pronunciamiento se dio en la causa «Anchau, Carlos Roberto s/ desaparición y fallecimiento», que llegó a la Corte luego que el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1 de San Isidro declinara su competencia, al igual que el Juzgado de Garantías 2 del departamento judicial de la mencionada localidad bonaerense.
El fallo fue firmado por los ministros Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay, quienes remiten a los fundamentos volcados por el procurador subrogante Santiago González Warcalde en su dictamen.
El 12 de febrero de 2009, el jefe de los fiscales recordó que el conflicto entre los magistrados se produjo «en la causa donde se investiga la muerte de Carlos Roberto Anchau». El caso se disparó con un informe de la Prefectura Naval «del que surge que mientras el buque ‘D. S. B’ navegaba por el canal Emilio Mitre del río Paraná de las Palmas, colisionó con un bote a remo, arrojando a sus ocupantes, el nombrado y su concubina, al agua. La mujer fue rescatada por una embarcación deportiva que se hallaba en las inmediaciones, y el cuerpo de Anchau fue encontrado sin vida días mas tarde».
En ese sentido, sostuvo que «la jueza federal se declaró incompetente y remitió lo actuado a la justicia ordinaria de San Isidro, con fundamento en que el hecho bajo análisis no ocasionó la interrupción ni afectó la seguridad del tráfico fluvial». A raíz de un recurso interpuesto por el fiscal y los abogados querellantes, la Cámara de Apelaciones confirmó la declinatoria.
«El magistrado local, por su parte, no aceptó el planteo, por considerar que se afectó la circulación marítima por lo menos de las embarcaciones que participaron en los hechos» y devolvió el expediente a la jueza federal, que insistió con su criterio y dio intervención a la Corte.
González Warcalde sostuvo en su dictamen que «de los elementos probatorios incorporados al expediente, hasta el momento, permitiría afirmar que el hecho en estudio afectó la seguridad de la navegación fluvial, ello atendiendo al posible incumplimiento o contravención, por parte del buque colisionante, de las normas que regulan el tránsito de naves por los ríos navegables, como así también una efectiva interrupción en la navegación de aquel navío, aún cuando no implicara la de otros buques, estimo que corresponde continuar con la investigación al magistrado federal».
Más allá de que en la «Tragedia del Paraná» no hubo un buque, sí intervinieron en el hecho varias barcazas que estaban ancladas en aguas ubicadas a la derecha del canal de navegación, es decir en aguas territoriales paraguayas. De esto surge que la muerte de los deportistas debe ser investigada por la Justicia de Encarnación y, eventualmente, si se promueve una acción en la provincia de Misiones, debería ser en el fuero federal, atento al pronunciamiento de la Corte.
El juez de Instrucción Fernando Verón, subrogante del Juzgado de Instrucción 1, se declaró competente para investigar el hecho tras un planteo de la fiscal Amalia Spinnato. La titular del Ministerio Público apeló esa decisión de Verón y ahora deberá intervenir un Tribunal para decidir quién tiene razón.
Como antecedente, vale recordar que el mismo día de la tragedia, la Prefectura Naval notificó al juez federal Ramón Claudio Chávez sobre el hecho y el magistrado dijo que el caso debía manejarlo la Justicia de Encarnación.