La licitación, realizada bajo la modalidad de «Compulsa Abreviada por Monto Internacional», fue publicada por el INPROTUR bajo el expediente EX-2024-139357178-APN-INPROTUR#JGM. Pese a que se cursaron invitaciones a tres empresas del sector, solo Puken Media S.A. presentó una oferta, que fue aceptada sin impugnaciones.
El desglose del contrato incluye dos renglones: USD 15.000 para la apertura de cuentas en redes sociales chinas (como Weibo, Red y WeChat) y USD 180.000 por un año de administración de los perfiles y publicación de contenido.
El contrato fue firmado por la secretaria ejecutiva de INPROTUR, Natalia Alejandra Recio, quien depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Guillermo Francos. La designación de un agente certificador, a través de la Dirección de Administración y Finanzas del organismo, quedó en manos de Nicolás Galvis.
El escándalo toma otra dimensión cuando se recuerda que, en noviembre de 2024, Milei se reunió con Xi Jinping en el G20 de Río de Janeiro, donde dio un giro de 180 grados a su discurso anti-China y estrechó la mano del mandatario comunista. En ese encuentro, se reafirmaron acuerdos comerciales y financieros, incluyendo la renovación del swap de monedas con el país asiático, clave para sostener las reservas del Banco Central argentino.
El mismo Milei que había afirmado que «con los comunistas no se negocia» terminó acordando con Xi Jinping, lo que ahora se traduce en contratos millonarios en beneficio de empresas privadas.
Milei, que había asegurado que «no voy a hacer negocios con ningún comunista», terminó no solo negociando, sino que además autorizó una millonaria inversión en redes sociales chinas. Mientras se recortan fondos a universidades, salud y cultura, el Estado desembolsa casi 240 millones de pesos para pagarle a una empresa privada por la administración de redes sociales en un país extranjero. Este gasto contrasta con los ajustes drásticos que sufren sectores sensibles como educación y salud, donde se han paralizado obras y programas por falta de presupuesto.
Según expertos en comunicación digital, el costo de administrar redes sociales es ampliamente variable, pero en ningún caso debería alcanzar una cifra semejante, menos aún en el contexto de una crisis económica donde cada peso cuenta. «Es difícil justificar este gasto cuando muchas agencias de comunicación ofrecen servicios similares por una fracción de ese precio. Además, es cuestionable la utilidad real de una inversión de este tipo en China, cuando Argentina enfrenta problemas urgentes en su propio territorio», opinó un analista del sector.
Por otro lado, en el documento de adjudicación no se especifica con claridad qué tipo de contenidos se publicarán ni cómo se medirá el impacto de la inversión. Esto genera más interrogantes sobre la transparencia y la necesidad de esta contratación. ¿Realmente el turismo argentino depende de una presencia activa en redes sociales chinas? ¿O se trata simplemente de otro gasto discrecional sin control efectivo?
El contrato estipula que la empresa adjudicataria deberá presentar informes de rendimiento mensuales, aunque no se detallan métricas concretas ni sanciones en caso de que los resultados sean deficientes. En términos simples, el Estado pagará una fortuna sin una garantía clara de que la inversión será efectiva. (Agencia Noticias Argentinas)