Este veto no es un hecho aislado, sino que se espera que sea el primero de una serie de rechazos a proyectos sancionados por el Congreso, incluyendo la ley del Hospital Garrahan y la de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El veto presidencial, notificado este miércoles al filo del plazo constitucional, ha desatado una nueva escalada en el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. La ley vetada, que buscaba asegurar el financiamiento de la educación superior pública y actualizar los salarios de docentes y no docentes, fue aprobada con un amplio consenso político, reflejando la preocupación general por la situación crítica de las universidades.

El proyecto establecía partidas presupuestarias específicas para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio y proponía una actualización de sus gastos basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un punto clave para compensar la alta inflación.

La decisión de Milei, que fuentes del oficialismo defienden como una ratificación del «rumbo económico que no se negocia», parece ignorar el clamor de un sector que ya ha demostrado su capacidad de movilización.

La resistencia legislativa no se hizo esperar, con el Congreso ya planificando sesiones para insistir en la aprobación de las leyes vetadas. En Diputados y el Senado se están coordinando fechas para votar en contra de la posición del presidente, lo que podría llevar a un nuevo choque institucional y exponer la fragilidad del oficialismo para gobernar con un apoyo minoritario en el parlamento.

El veto al proyecto de los ATN, si se confirma, sería particularmente irónico. Se espera que el presidente ultraderechista Milei vete el proyecto que los gobernadores, a quienes ahora está convocando a una «mesa federal», impulsaron para automatizar las transferencias.

Una fuente cercana a las provincias lo calificó como «insólito», destacando que el primer contacto con el recién nombrado Ministro del Interior, Lisandro Catalán, sería para comunicarles el rechazo a su proyecto. Esta situación subraya la contradicción de un gobierno que busca diálogo mientras, con una mano, cierra la puerta a las demandas provinciales.

En definitiva, el veto a la Ley de Financiamiento Universitario es más que una simple herramienta política; es un mensaje contundente de un gobierno que privilegia la austeridad por encima de la educación pública.

Mientras el oficialismo justifica la medida como una defensa de las facultades del Poder Ejecutivo, la decisión deja en la cuerda floja a un sistema universitario ya debilitado, que ahora deberá enfrentar la incertidumbre de un futuro sin los fondos que el Congreso intentó garantizarle. La batalla por el presupuesto de las universidades, lejos de terminar, parece que apenas está comenzando.