La maniobra es tan simple como efectiva. Según el productor Pedro Peretti, ex director de la Federación Agraria, el proceso funciona de la siguiente manera: las grandes empresas exportadoras, como Bunge, Cargill o Louis Dreyfus, registran Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por miles de millones de dólares, a pesar de no haber comprado aún la soja a los productores. Al hacerlo con retenciones cero, se aseguran la exportación futura sin pagar el impuesto del 26% que ya fue restituido.

Con el cupo agotado, cuando finalmente compran la soja a los productores, les descuentan la retención que ellos no pagarán, quedándose con esa diferencia millonaria. Pedro Peretti sostiene que con la misma cantidad de soja, las cerealeras acceden a «un 15, 20 ó 25% más de dólares», y que con los pesos obtenidos de la liquidación de divisas en el Banco Central, se van a la «vuelta» y compran dólares en el mercado paralelo, apostando a una futura devaluación.

Las cifras de esta operación son contundentes: según la denuncia de los periodistas Rosalía Costantino y Matías Longoni, un grupo de solo 12 compañías se habría apropiado de unos 1.500 millones de dólares que debían ir a las arcas del Estado o al bolsillo de los productores. Compañías como Bunge, LDC y Cofco Intl se embolsaron cientos de millones de dólares cada una.

La queja de la Rural y la Federación Agraria

La rápida finalización de la ventana de retenciones cero, que se suponía duraría hasta el 31 de octubre, generó un fuerte reclamo de las principales entidades del campo. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, se quejó públicamente de que «muchos productores se quedaron afuera» y cuestionó la velocidad con la que las cerealeras registraron las DJVE.

Por su parte, Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria, fue más contundente al asegurar que la medida no benefició al productor pequeño y mediano. «No nos pasó ni cerca», afirmó Sarnari, argumentando que no tuvieron tiempo material para aprovechar el beneficio.

El director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, defendió la medida argumentando que «cumplió su objetivo y terminó» al alcanzar el cupo de 7.000 millones de dólares. Sin embargo, su justificación no convence a un sector que se siente traicionado por un gobierno que, aseguran, les prometió un trato preferencial.

La indignación va más allá de las fronteras: productores estadounidenses también se quejaron de que la maniobra hizo caer el precio de la soja en Chicago, afectando su propia situación comercial. En definitiva, la medida no solo ha profundizado la desconfianza del campo argentino, sino que ha demostrado ser un mecanismo sofisticado que, bajo la excusa de la liberación del mercado, facilita un gran negocio para unos pocos a costa de muchos.