En una votación que evidenció un cambio de paradigma, sectores del cooperativismo -que históricamente actuaron como escudo de los pequeños colonos- se alinearon con la postura de libre mercado impulsada por el bloque libertario y las grandes industrias. Esta alianza dejó en minoría a los representantes de Misiones y del sector productivo, quienes quedaron sin herramientas institucionales para frenar la asimetría de poder en la cadena de valor.

La postura de las cooperativas y los representantes de Corrientes, industrias y secaderos consolidó una mayoría de siete votos contra apenas tres que buscaban establecer un piso de negociación. Al negarse a fijar un precio de referencia, el organismo encargado de regular la actividad renuncia a su rol de árbitro, permitiendo que el valor de la materia prima quede librado exclusivamente a la capacidad de presión de los eslabones más concentrados. Para miles de familias yerbateras, este escenario significa quedar «a la intemperie», sin una señal oficial que impida que los compradores impongan condiciones económicas por debajo de los costos de producción.

Este corrimiento del sector cooperativo, representado por voces como las de Cooperativa Playadito y otras entidades del área, marca una fractura histórica en la defensa de las economías regionales. Al sumarse a la lógica desregulatoria que promueve el gobierno nacional de Javier Milei, estas instituciones han dejado el camino libre para que la oferta y la demanda, sin ningún tipo de contención estatal, dictaminen la suerte de quienes trabajan la tierra. El resultado es un mapa de poder donde el productor queda solo ante decisiones que ahora se toman en oficinas alejadas de los yerbales.

Ante el vacío de definiciones y la parálisis del INYM como ente regulador de precios, el Gobierno de Misiones decidió intervenir de manera institucional para intentar llevar alivio al sector. La cartera agraria provincial lanzó una convocatoria urgente para el próximo jueves 23 de abril, citando a todos los actores de la cadena -incluyendo a las mismas industrias y cooperativas que bloquearon el acuerdo- a una mesa de trabajo en el Ministerio del Agro. El objetivo es claro: buscar mediante el diálogo provincial lo que el organismo nacional se negó a establecer, intentando reconstruir un esquema de previsibilidad para la zafra.

El ministro Facundo López Sartori y el subsecretario de Asuntos Yerbateros, Ricardo Maciel, subrayaron que la provincia asumirá la responsabilidad de mediar en este contexto de crisis. La intención es sentar a todos los eslabones para construir «acuerdos posibles» que protejan el sustento de los colonos misioneros frente a un tablero internacional y nacional complejo. Mientras el INYM se retira de la regulación, el Estado provincial apuesta a generar un ámbito de contención que evite que el eslabón más débil de la cadena termine pagando el costo total de la desregulación económica.