A pesar de que países como Reino Unido, Islandia o Japón demuestran que las semanas laborales reducidas —incluso de cuatro días— mejoran la productividad, la satisfacción y la retención del talento, la administración de Milei mira en la dirección opuesta.

En su discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el presidente ultraderechista afirmó que “se vienen la reforma tributaria, la reforma laboral y mucha desregulación económica… vamos hacia un mercado laboral más desregulado”.

Una reforma laboral basada en la antigüedad y el ajuste

El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la iniciativa señalando que la estructura actual es un «daño» que ha impedido que la cantidad de empleadores y el empleo crezcan desde 2007 y 2011, respectivamente. Sin embargo, los lineamientos que el Gobierno está cocinando parecen priorizar la flexibilización a costa del trabajador.

El modelo que se está impulsando se enfoca especialmente en los despidos, con la Ley de Bases y el DNU 70/2023 introduciendo mecanismos como el fondo de cese laboral. Estos cambios, al flexibilizar la indemnización y las alternativas de contratación, buscan desfinanciar el despido y facilitar la movilidad de la fuerza laboral, lo que beneficia directamente al sector empresarial y deja al trabajador en una situación de mayor vulnerabilidad.

Jornadas infinitas versus el futuro tecnológico

La propuesta de jornadas que combinan «guardias activas y pasivas» según la demanda empresarial abre la puerta a la extensión de la carga horaria, contraviniendo la tendencia global impulsada por la eficiencia de la tecnología y la Inteligencia Artificial (IA).

Mientras la ley argentina establece un máximo de 48 horas semanales, lo que en teoría permitiría una semana de tres días si se mantuviera ese tope, la cuestión principal que ignora el Gobierno es la mantención del mismo salario al reducir las horas. Para lograr una modernización real —como la reducción de la jornada sin modificar la remuneración— sería necesaria una modificación legislativa o, al menos, acuerdos sectoriales mediante convenios colectivos específicos que protejan el poder adquisitivo del trabajador.

Por ahora, en lugar de avanzar en debates que equilibren trabajo y vida personal —como empujan las nuevas generaciones en el contexto híbrido pospandemia—, el eje del Gobierno se centra en asegurar a los empresarios mecanismos de contratación y despido más económicos, mientras le pide a los trabajadores que soporten una mayor carga hasta los 70 años.