La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV) es un claro ejemplo de una visión miope que prioriza los números sobre la vida y el bienestar de los ciudadanos. Esta decisión, lejos de ser una «reorganización inteligente», parece una condena anunciada para el ya precario estado de las rutas nacionales y la seguridad en nuestras calles.
Una Pseudo-Reorganización que Genera Más Incertidumbre
El argumento de que la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía «absorberá funciones» de los organismos disueltos suena más a un intento de diluir responsabilidades que a una genuina mejora. ¿Cómo puede una Secretaría, ya sobrecargada, asumir eficazmente las tareas especializadas que antes realizaban entidades dedicadas exclusivamente a la seguridad vial y la infraestructura?
La creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, resultado de la reorganización de la CNRT, parece un parche para lo que fue un desguace. Si bien se enfocará en el control de concesiones y la fiscalización, ¿quién se encargará de la planificación estratégica, el mantenimiento preventivo y la gestión integral de las rutas que antes recaía en Vialidad Nacional? El cambio de nombre de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) a Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, limitando su alcance «exclusivamente al transporte aéreo civil», es una confesión implícita del abandono de la investigación de accidentes automotores y ferroviarios. La vida en las rutas y vías férreas, al parecer, ahora vale menos.
La Farsa de Vialidad y la Patética Excusa del «Ahorro»
La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad es, quizás, la medida más preocupante, y los argumentos del gobierno de Milei resultan, cuanto menos, cínicos. Afirmar que «completa un proceso que en los hechos ya se venía desarrollando» mediante la «transferencia de competencias a las provincias» y la «transformación a una modalidad de contratación de obra pública bajo un esquema de concesiones y tercerización» es una confesión de que se está abdicando de la responsabilidad del Estado en un área vital. La idea de que esto «garantiza niveles de transparencia y control que la Dirección Nacional de Vialidad no ha logrado asegurar» es una acusación velada y simplista que ignora la complejidad de la gestión de la obra pública y el verdadero impacto de la corrupción, que va más allá de un solo organismo.
Presentar la disolución de Vialidad como un «ahorro anual estimado para el Estado Nacional de 100 millones de dólares anuales» es un argumento falaz cuando se considera el paupérrimo estado actual y futuro de las rutas nacionales. ¿De qué sirve un «ahorro» si las carreteras se deterioran, aumentan los accidentes y se encarece la logística y el transporte de mercaderías? El supuesto «sobredimensionamiento administrativo» de Vialidad, con el 67% de su personal en funciones administrativas o jerárquicas, puede ser un punto a revisar, pero no justifica el desmantelamiento total de una entidad fundamental para la infraestructura del país.
La mención de la «Causa Vialidad que llevó a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner a la cárcel» como justificación para disolver el organismo es un intento descarado de politizar una decisión técnica de enorme impacto. La corrupción debe ser combatida con justicia y transparencia, no desmantelando las instituciones que, con sus virtudes y defectos, son esenciales para el funcionamiento del Estado y la seguridad de sus ciudadanos.
El Peligroso Futuro de Nuestras Rutas
La cruda realidad es que, bajo este nuevo esquema, la falta de mantenimiento de las rutas nacionales ya es una preocupación acuciante y solo se agravará. Al despojar al Estado de herramientas clave para la planificación, ejecución y control de la infraestructura vial, el gobierno de Milei está sentando las bases para un colapso inminente. Menos controles, menos personal especializado, y una dependencia casi exclusiva de concesiones y el sector privado, con el supuesto de que el mercado resolverá mágicamente los problemas, es una receta para el desastre.
El camino que ha elegido este gobierno ultraderechista no es el de la eficiencia y la transparencia, sino el del achicamiento del Estado a cualquier costo, incluso si eso significa poner en riesgo la vida de quienes transitan por nuestras rutas y comprome