Omar Acosta, titular del Centro de Industriales Panaderos de la provincia, lanzó una dura advertencia sobre la sostenibilidad de los comercios frente a una caída estrepitosa del consumo y aumentos de costos que superan el 40% en insumos básicos. Según el referente, el inicio del ciclo lectivo y la Semana Santa, que históricamente oxigenaban las cajas, no lograron revertir un trimestre marcado por la falta de dinero en la calle, dejando a los productores en una situación de vulnerabilidad extrema.

La realidad en los barrios y centros comerciales de la provincia refleja un proceso de desertificación económica que angustia a los industriales. Acosta describió con desolación el paisaje de locales vacíos y comercios de larga trayectoria que han decidido cerrar definitivamente ante la imposibilidad de afrontar la estructura de costos. «La venimos luchando, poniendo ahorros y vendiendo bienes personales para poder mantenernos», confesó el dirigente, evidenciando que la rentabilidad ha desaparecido y que hoy la prioridad es simplemente evitar el despido de personal en estructuras que se volvieron demasiado pesadas para un mercado interno paralizado.

Este fenómeno de asfixia no es una excepción local, sino el resultado sistémico de las políticas del libertario Javier Milei que se replica en todo el país. En recientes encuentros federales con colegas de Salta, Tucumán y San Luis, el diagnóstico fue unánime: la clase media y los sectores populares han recortado incluso el consumo de productos básicos como el pan y las facturas. En provincias del norte, ya se contabilizan cierres de entre 30 y 40 panaderías por jurisdicción, un «consuelo de tontos» que solo confirma la gravedad de una depresión económica que no parece encontrar piso.

La presión sobre los márgenes de ganancia se ha vuelto insoportable debido al aumento desmedido de insumos clave que, aunque no siempre siguen el ritmo de la harina, se han disparado por la desregulación de precios. Un ejemplo crítico es el de la margarina y las grasas, cuyos valores están atados a precios internacionales: una caja de margarina pasó de $70.000 a más de $100.000 en apenas un mes. Los panaderos denuncian que es imposible trasladar estos incrementos al mostrador porque la demanda es «de cristal»; cualquier aumento adicional significaría perder los pocos clientes que aún ingresan a los locales.

El cambio en los hábitos de consumo es la prueba final de la pérdida del poder adquisitivo de los misioneros bajo la actual gestión nacional. El titular del Centro de Panaderos detalló que la venta por kilo o por docena ha quedado en el pasado: hoy los clientes piden «tres facturas o cinco pancitos», ajustando la compra estrictamente a lo que permite el bolsillo diario. Sin señales de una reactivación real y con tarifazos eléctricos que terminan de liquidar los ingresos, el sector panadero sobrevive en un estado de alerta permanente, resistiendo el impacto de una economía que ha priorizado las planillas fiscales sobre el alimento diario de la población.