La parálisis total de la obra pública, pilar de la gestión libertaria para alcanzar el superávit, ha provocado que el 70% de la producción maderera de Misiones no encuentre destino, sumiendo al sector en una recesión que no da tregua. Domingo Paiva, secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera (SOIME), lanzó una advertencia desesperada al confirmar que el poder adquisitivo de los operarios está un 30% por debajo de la inflación, mientras las empresas apenas logran sostener jornadas mínimas para evitar, por ahora, una ola de despidos masivos.

El impacto del ajuste nacional ha transformado la dinámica laboral de los aserraderos, que pasaron de producir a pleno ritmo a operar bajo un esquema de subsistencia. Según detalló Paiva, las plantas que históricamente trabajaban 50 horas semanales hoy apenas cubren la carga horaria básica de 8 horas diarias ante la falta de pedidos. Esta reducción de la jornada no es solo un dato estadístico; representa una caída directa en el ingreso real de la familia maderera, que ve desaparecer las horas extras y los premios por producción en un contexto donde el costo de vida en el NEA no deja de escalar.

En el centro de la crisis se encuentra el fin de la inversión pública en vivienda e infraestructura, una decisión política que cortó de raíz el principal canal de ventas de la madera misionera. «Está de manifiesto y comprobado que la obra pública parada afectó al 70% de la producción provincial», aseveró el titular del SOIME, señalando que la falta de construcción a nivel país dejó a los productos locales sin mercado. Lo que antes eran puertas, ventanas y tirantes destinados a programas de vivienda, hoy es stock acumulado en los patios de las empresas que no encuentran salida hacia ningún punto del mapa nacional.

En este escenario de asfixia, el sindicato intenta arañar una recomposición salarial en una negociación paritaria que parece una carrera contra la marea. Con un básico que oscila entre los 700 y 800 mil pesos, los trabajadores pelean por un reajuste del 3% para los meses de abril y mayo, una cifra que el propio dirigente califica como «insuficiente». La pérdida del 30% del poder de compra acumulada en el último año deja a la mayoría de los obreros por debajo de la línea de pobreza, incluso con adicionales por antigüedad y asistencia perfecta que ya no alcanzan para cubrir la canasta básica.

El panorama hacia el cierre del ciclo paritario en mayo es de incertidumbre total. Mientras el sector patronal manifiesta buena predisposición, la realidad de las ventas nulas condiciona cualquier oferta salarial digna. Para la industria madre de Misiones, el experimento libertario está costando caro: sin obra pública y con un consumo interno pulverizado, el sector maderero se enfrenta al desafío de sobrevivir a un modelo que, en su afán de equilibrio fiscal, está dejando a la producción regional fuera del tablero económico.