Argentina / Corrientes | Finalmente suspendieron a juez denunciado por acoso sexual en 2023 y se abre la instancia del Jury de Enjuiciamiento

La conducta Carlos Hugo Chiama, juez de Paz Barrial N° 1 de Corrientes, suspendido en sus funciones desde los primeros días de mayo, será evaluada por el Consejo de la Magistratura correntino, tras formularle acusación por mal desempeño. Críticas al Superior Tribunal de Justicia provincial, que a un año de la denuncia tan solo le aplicó una sanción pecuniaria. Sospechan que el juez querría zafar jubilándose.

El juez de Paz Barrial N°1 de la ciudad de Corrientes, Carlos Hugo Chiama, será elevado a Jurado de Enjuiciamiento tras una grave denuncia de acoso sexual y laboral realizada por la secretaria de su juzgado. El funcionario había sido suspendido de sus funciones a comienzos de mayo, luego de que el Consejo de la Magistratura de la provincia resolviera formularle una acusación formal. El abogado Carlos Hugo Chiama se constituyó en el primer juez barrial correntino en octubre de 2012. Once años después una secretaria de su juzgado formuló una contundente denuncia por acoso sexual.

No obstante la gravedad de los hechos, un año después, el Superior Tribunal de Justicia, aplicó una sanción administrativa al juez de Paz Barrial Carlos Hugo Chiama, lo que generó natural indignación en la sociedad correntina y más aún en el ámbito judicial.

Mientras Chiama seguía en funciones, la víctima fue trasladada, afectada su salud psicológica, generando un sentimiento de desamparo y vulneración de sus derechos.

Tras analizar la denuncia presentada por la acosada (el 31 de octubre de 2023), el Superior Tribunal de Justicia, en su facultad de controlar la conducta y cumplimiento de los deberes y funciones de los magistrados, estimó «procedente imponer al Dr Carlos Hugo Chiama, una multa equivalente al 30 por ciento de la remuneración que percibe mensualmente».

En la ocasión (octubre de 2024) argumentaron los togados que el «magistrado no registra sanciones disciplinarias anteriores. Sin embargo por su gravedad, los hechos que se le imputan, ameritan la imposición de la referida sanción, ya que su conducta está reñida con el decoro, la rectitud y la solvencia moral con que debe conducirse un juez».

Ahora, la Resolución N° 36/25 del Consejo de la Magistratura establece que los hechos investigados “afectan derechos fundamentales de las víctimas y comprometen gravemente la confianza institucional”. Además, existen pruebas suficientes para llegar ante la instancia de Jurado de Enjuiciamiento.»

La denunciante señaló haber sido víctima de situaciones reiteradas de acoso por parte del magistrado.

Ante la gravedad del caso, el Consejo consideró que existen elementos suficientes para avanzar con el proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento, que será el encargado de evaluar la conducta del juez Chiama.

Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (SITRAJ) manifestaron su preocupación y reclamaron que no se interrumpa el procedimiento por posibles trámites jubilatorios del acusado, como se habría especulado en los últimos días.

Desde el SITRAJ recordaron que «lo dijimos meses atrás, cuando apenas comenzaba a conocerse este caso: el acoso sexual en el trabajo es una de las más crueles manifestaciones de violencia. Más aún cuando el acosador lo hace valiéndose de su investidura jerárquica».

También puntualizaron que «lamentablemente tenemos que reiterar que la Justicia de Corrientes no es ajena a este flagelo que tanto daño causa a la salud integral de las personas trabajadoras»

Desde el Sindicato, manifestaron que llama la atención el caso Chiama;  «ante ello, como representante de trabajadores y trabajadoras judiciales, exige que se lleve adelante el proceso para determinar la responsabilidad del magistrado.»

«El Poder Judicial de Corrientes debe ser ejemplo y no puede albergar en sus dependencias a acosadores ni violentos, mucho menos a nivel de la magistratura. Es obligación de sus autoridades propiciar un ámbito laboral justo, equitativo y libre de todo tipo de violencias», exigieron desde el sindicato.

El Convenio 190 de la OIT proporciona un marco común para prevenir, remediar, eliminar la violencia y el acoso en el mundo laboral, incluyendo la violencia de género.

El caso genera un fuerte impacto institucional por tratarse de un magistrado acusado de conductas incompatibles con el ejercicio de su función. De comprobarse los hechos, se trataría de una grave vulneración a los principios éticos del Poder Judicial, puntualizaron.