El caso, que ya provocó allanamientos en la ANDIS y en los domicilios de los dueños de la droguería, los hermanos Kovalivker, podría dar un giro si Spagnuolo decide acogerse a la figura del «imputado colaborador». La decisión de Spagnuolo de no adherir al pedido de nulidad de la causa, presentada por los dueños de la droguería, ha generado aún más expectativa sobre sus próximos pasos.

La defensa de los hermanos Kovalivker, por su parte, ha solicitado la nulidad de la causa, argumentando que los audios utilizados como prueba son ilegales y violan su derecho a la intimidad, además de invocar el principio de «cosa juzgada» al basarse en una causa previamente archivada.

Esta postura contrasta con la de Spagnuolo, quien, junto con el otro exfuncionario imputado, Daniel Garbellini, se abstuvo de respaldar esta solicitud de nulidad. Los abogados de los exfuncionarios solicitaron una prórroga para evaluar el expediente completo, que aún se encuentra bajo secreto de sumario.

La figura del «arrepentido» en el foco de la causa

La posibilidad de que Spagnuolo se convierta en «imputado colaborador» o «arrepentido» es el punto central que podría marcar el rumbo de la investigación. Fuentes cercanas al exdirector de la ANDIS no descartan que esta sea su estrategia. La figura del «arrepentido» implica admitir una culpabilidad parcial y, a cambio de una reducción de la pena, proporcionar información útil y relevante que permita avanzar en la investigación y alcanzar a otros implicados.

El entorno de Spagnuolo sostiene que la decisión final dependerá de la información a la que pueda acceder una vez que se levante el secreto de sumario, previsto para la próxima semana.

Informes periodísticos sugieren que la decisión de Spagnuolo de cooperar con la Justicia estaría motivada por su creencia de que el Gobierno busca hacerlo el único responsable del escándalo. Los audios filtrados, que son el centro de la denuncia, no solo mencionan el supuesto esquema de coimas, sino que también señalan a figuras del oficialismo.

La defensa del exfuncionario cree que la administración actual está intentando «hundirlo» solo a él, lo que habría sido un factor determinante para que considere esta opción de colaboración.

El caso no solo ha generado un fuerte impacto político, sino que también ha evidenciado una grieta entre las defensas de los imputados. Mientras los dueños de la droguería buscan anular la causa basándose en la ilegalidad de la prueba, Spagnuolo parece haber optado por una estrategia de cooperación.

Una vez que se levante el secreto de sumario, la Fiscalía, la querella (representada por Poder Ciudadano) y el juez Sebastián Casanello podrán emitir sus opiniones, y se definirá si el caso se anula o si avanza, lo que podría tener implicaciones mayores para el Gobierno y el círculo cercano al presidente.