El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad y el ministro de Gobierno de la Provincia, Marcelo Pérez, en representación de la Provincia de Misiones, y Alberto A. Lugones, en representación del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, firmaron una carta compromiso con la intención de las partes para que la provincia ejecute la continuación de la obra del edificio que se empezó a construir como sede del «Centro Judicial de Posadas» en la intersección de las avenidas Santa Catalina y Centenario. El millonario edificio se licitó en 2012; su construcción comenzó en 2013, se paralizó durante el macrismo (hace seis años) y en 2019 se dio por caído el contrato de construcción.
Durante el desarrollo de la Primera Cumbre de Magistrados sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana que se desarrolló en Puerto Iguazú, los funcionarios mencionados asumieron el compromiso con la intención de las partes para que la provincia ejecute la continuación de la obra.
https://twitter.com/herrerayflia/status/1499847858845097984?s=20&t=DJQMiRZEgchTxzyt9ElOsQ
Este instrumento se firma con el objetivo que la Provincia de Misiones “lleve adelante el proceso de licitación para seleccionar al contratista estatal, adjudicación y formalización del contrato, y demás actos concernientes a la oportuna ejecución de los trabajos públicos”, detalla la carta firmada.
De esta forma Misiones y el Consejo de la Magistratura de la Nación trabajan mancomunadamente para la finalización de las obras del «Centro Judicial de Posadas», que se encuentra emplazado en el terreno ubicado en la intersección de las Avenidas Santa Catalina y Centenario de la Ciudad de Posadas.
https://twitter.com/mgmisiones/status/1499765538762805249?s=20&t=UW3hEp68fpvaGImFlvU_dQ
La obra inconclusa
En 2020 se estimaba que, para terminar el edificio, con presenta un avance de apenas el 13 %, se requerían unos 1.200 millones de pesos. Con una inflación anual del 50 %, ese valor casi suena ridículo.
La obra, un imponente edificio de 14 pisos, fue licitada en 2012 por el Consejo de la Magistratura de la Nación, por un monto de $ 67 mil millones.
La empresa ganadora, Ecim SRL, comenzó la construcción en 2013 y al año siguiente se complicó la financiación, entre otras cosas por la disparada inflacionaria.
En 2015 comenzaron las tratativas para reestructurar los costos con la Dirección de Infraestructura Judicial, que era la contratante, dependiente del Consejo de la Magistratura.
Tras 8 meses de infructuosas negociaciones, la contratista no pudo seguir y entre 2016 y 2019 solo se custodió lo hecho y llegó la rescisión del contrato.
Ahora casi tres años después, por iniciativa de la Provincia, parece ser que el proyecto podrá continuar y se recuperará una obra necesaria y cuya paralización representaba también un duro golpe a la ya vapuleada Justicia Federal.