La normativa establece que, a partir de ahora, modelos populares de dos y tres ruedas —desde ciclomotores livianos hasta motocicletas de alta potencia— quedarán fuera de las excepciones impositivas. Esta decisión afecta directamente a las categorías L1 a L5, que incluyen desde los scooters urbanos hasta los triciclos de carga, herramientas clave para la logística de última milla y la movilidad sustentable. Al encarecer la importación de estos vehículos mediante la quita de beneficios, el Gobierno levanta una barrera arancelaria que impactará de lleno en los precios finales, alejando estas tecnologías del bolsillo del consumidor promedio.
Lo más llamativo de la regulación es la instauración de un cupo anual de 50.000 unidades para el resto de los vehículos que aún conservan el beneficio. El decreto determina que, en caso de que este cupo no se complete, el saldo podrá utilizarse en el periodo siguiente, una arquitectura burocrática de control de importaciones que recuerda a esquemas de administraciones anteriores. Esta intervención estatal en el flujo comercial ha generado sorpresa, ya que proviene de una gestión que se autodefine como enemiga de los aranceles y de la planificación centralizada de la economía.
La exclusión también alcanza a los vehículos de cuatro ruedas, categorizados como L6 y L7, que abarcan desde los cuatriciclos convencionales hasta los microautos urbanos con cabina cerrada. Estos vehículos, que pesan entre 350 kg y 550 kg según su finalidad, eran vistos como la gran apuesta para descongestionar el tránsito en las grandes ciudades de manera ecológica. Sin embargo, al quedar fuera del arancel cero, su competitividad frente a los vehículos de combustión interna se ve seriamente comprometida, desincentivando la inversión en infraestructura de carga y comercialización.
Finalmente, esta medida deja al sector de la movilidad eléctrica en una posición de incertidumbre total. Mientras el mundo avanza hacia la eliminación de aranceles para tecnologías verdes, Argentina retrocede imponiendo gravámenes a los vehículos más accesibles y eficientes para el entorno urbano. La paradoja es total: el gobierno del presidente ultraderechista, que llegó con la promesa de destruir las trabas del Estado, termina firmando un decreto que regula, limita y encarece la entrada de tecnología limpia al país, priorizando la recaudación o el control de divisas por sobre sus propios principios ideológicos.